
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), durante el gobierno de Donald Trump, descubrió un fraude importante dentro del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como cupones de alimentos. La investigación, realizada junto con el FBI y la fiscalía federal, llevó al arresto de seis personas que participaron en un plan que se apropió ilegalmente de más de 66 millones de dólares.
Entre los acusados se encuentra un empleado del USDA, Arlasa Davis, quien usó su posición para vender información confidencial y facilitar el fraude. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, describió la operación como "una de las mayores operaciones encubiertas" y resaltó el compromiso del gobierno de Trump para acabar con el mal uso de los programas sociales.
La investigación mostró que desde 2019, Michael Kehoe y sus cómplices crearon una red ilegal que usaba al menos 160 tarjetas electrónicas de beneficios (EBT) no autorizadas en tiendas del área de Nueva York. Con estas tarjetas, procesaron transacciones fraudulentas por más de 30 millones de dólares dentro del programa SNAP.
Además de la participación de empleados públicos corruptos, el grupo falsificaba solicitudes al USDA, robaba números de licencia y manipulaba documentos para operar con comercios no autorizados. El fiscal federal Perry Carbone afirmó que esta conducta "socava un programa del que dependen los neoyorquinos vulnerables para su nutrición básica" y advirtió que quienes cometen estos delitos enfrentarán consecuencias legales severas.
Brooke Rollins mencionó que esta acción es solo el comienzo en la lucha contra el fraude en SNAP y otros programas federales. El gobierno de Trump mantiene una política para combatir el abuso, trabajando con agencias como el FBI y el Departamento de Justicia para asegurar el uso correcto de los fondos públicos.
La secretaria enfatizó que el gobierno no permitirá conductas ilegales dentro de sus agencias y programas, y que "habrá muchas más operaciones por venir" para proteger los recursos destinados a la asistencia social. Esto muestra un cambio en la gestión pública para asegurar que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

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