
Florida podría ser el primer estado en autorizar a los propietarios de viviendas a emplear "fuerza razonable" para detener drones que sobrevuelen a menos de 500 pies de sus propiedades.
El proyecto de ley SB 1422, propuesto por el senador estatal Keith L. Truenow (R), tiene como objetivo fortalecer la privacidad de los residentes debido al aumento del uso de vehículos aéreos no tripulados.
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El proyecto de ley SB 1422, incorporado al calendario del Senado de Florida el 16 de abril, tiene como objetivo ampliar las zonas de exclusión aérea, proporcionando así una mayor protección no solo a las áreas residenciales, sino también a infraestructuras clave como aeropuertos, refinerías y otras instalaciones críticas.
A pesar de que el texto del proyecto no define con claridad qué se entiende por "fuerza razonable", esta falta de especificación ha generado inquietudes sobre posibles interpretaciones erróneas, sobre todo en lo que respecta al uso de armas de fuego para enfrentar drones.
En Estados Unidos, derribar drones es ilegal según las normativas federales. La Administración Federal de Aviación (FAA) considera a los drones como aeronaves, y cualquier intento de dispararles podría resultar en severas sanciones civiles y penales. La agencia advierte que un dron impactado tiene el potencial de causar daños significativos o accidentes graves.
Según el sitio ‘interestingengineering.com’, durante una discusión en el comité, el senador Jason Pizzo expresó su preocupación por los peligros derivados de la ambigüedad del proyecto de ley. "No quiero que nadie piense que puede derribar objetos del cielo, ya que esto podría costarle hasta 20 años de prisión federal", alertó el legislador.
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El proyecto de ley SB 4422 de Florida surge en un contexto de creciente preocupación entre los residentes debido al uso no autorizado de drones para fines de vigilancia. Con más de un millón de drones registrados en Estados Unidos, la demanda por implementar regulaciones más rigurosas se intensifica cada vez más.
En caso de ser aprobado, esta legislación podría entrar en vigor en octubre de 2025, lo que representaría un paso importante y un precedente en la manera de gestionar la privacidad aérea en el país. Este avance podría influir en futuras leyes relacionadas con la protección de la intimidad de los ciudadanos frente al uso de tecnologías aéreas.

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