
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó esta semana un proyecto de ley que establece la creación de la Oficina de Eficiencia Regulatoria estatal, inspirada en el modelo DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) del gobierno federal. Con esta iniciativa, se busca reducir el impacto de las regulaciones en las agencias estatales y frenar el crecimiento del aparato administrativo.
Durante la firma en el Capitolio estatal, Abbott destacó que Texas enfrenta un entorno de regulaciones excesivas. Esta es la primera ley que promulga en el año, sumándose así a otros estados que han implementado medidas similares impulsadas principalmente por el sector republicano y alineadas con la visión del empresario Elon Musk.
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El proyecto de ley establece la creación de una nueva entidad estatal encargada de evaluar y limitar regulaciones consideradas innecesarias o excesivamente costosas. La Oficina de Eficiencia Regulatoria impondrá estándares más estrictos para la creación de nuevas normativas y busca hacer más transparente el impacto económico de las reglas existentes.
Además, la legislación modifica el rol de las agencias estatales en los tribunales, ya que elimina la obligación de que los jueces sigan las interpretaciones regulatorias emitidas por estas entidades. Según Abbott, esta medida permitirá un mayor control judicial sobre decisiones administrativas y reducirá lo que considera un crecimiento incontrolado del “estado administrativo”.
La medida no ha sido bien recibida por todos los sectores. El Sindicato de Empleados del Estado de Texas advirtió que la nueva oficina podría representar una capa adicional de burocracia en lugar de eliminarla. “La definición de eficiencia está siendo estirada hasta volverla irreconocible”, expresó Myko Gedutis, vicepresidente del sindicato.
Asimismo, la promulgación se dio en un contexto nacional de protestas contra los recortes de personal ejecutados por el DOGE federal, lo que ha despertado temores de que Texas adopte medidas similares. Aunque Abbott no mencionó despidos, la inspiración en un modelo que ha generado miles de recortes y demandas judiciales preocupa a trabajadores y defensores de los servicios públicos esenciales.

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