27 de Febrero de 2017 | 18:40 h

Trasladan a exadministrador la fiscalía de Chimbote al penal de Cambio Puente

Policía Judicial pide que extesorero implicado también en el desfalco sea incluido en la lista de “Los más buscados”.

El exadministrador estuvo hospitalizado por 10 días en una clínica privada

El exadministrador estuvo hospitalizado por 10 días en una clínica privada. La República

El exadministrador del Ministerio Público en Chimbote, Gino Reyes Roggero, fue recluido en el penal de Cambio Puente tras haber permanecido -10 días internado- en una clínica privada debido a un cuadro de hipertensión arterial.

Contra el exfuncionario pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva por el desfalco de más de medio millón de soles a su institución.

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Gino Reyes viene siendo investigado por los presuntos delitos de peculado doloso, falsedad genérica y uso de documentos privados falsos.

Mientras que para el extesorero Fernando Sotelo Valenzuela, implicado también en el desfalco, la Policía Judicial de Chimbote ha pedido al Ministerio del Interior que sea incluido en “Los más buscados” para que -a través del programa de recompensas- se facilite su captura.

El fiscal anticorrupción Felipe Elías Silva basa su acusación en que el exadministrador de la fiscalía y el extesorero Fernando Sotelo Valenzuela cometieron manejos irregulares de los dineros de la entidad, entre el 10 de marzo del 2015 al 28 de octubre del año pasado.

Para ello utilizaron documentos contables como boletas, recibos por honorarios profesionales y facturas presumiblemente falsificadas, así como compraron facturas a proveedores que nunca realizaron servicios de reparación y mantenimiento de los locales y bienes del Ministerio Público del Santa.

Los fondos estaban destinados además al pago de servicios básicos como luz, agua, internet, teléfono, arbitrios, viáticos para comisión de servicios, programas como Fiscales Escolares, Udavit, Justicia Juvenil Restaurativa.

Todo esto, fue sustentado con documentos falsos y otros presuntamente clonados, lo que se desprende de las declaraciones de los representantes legales de las empresas que supuestamente dieron esos servicios a la Fiscalía, así como de los testimonios de testigos con identidad en reserva.

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