En un contexto autoritario, ¿cómo debe obrar la oposición? Hasta hace muy poco, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) parecía el ejemplo del que las oposiciones de otras partes del mundo debían aprender. Hasta hace poco, la evaluación era que la apelación al golpe de Estado por parte de la oposición en 2002 y la estrategia de confrontación y boicot hasta 2005 facilitaron la continuidad de Chávez en el poder. La oposición no participó en las elecciones parlamentarias de 2005, con lo que el chavismo logró el control total. La MUD se formó en 2009, y en las elecciones parlamentarias de 2010 obtuvo más del 47% de los votos, quitándolo al chavismo la mayoría calificada de dos tercios de la Asamblea; en las elecciones regionales de 2012 y en las municipales de 2013 obtuvo más del 44% y del 42% de los votos nacionales, respectivamente, ganando la alcaldía de Caracas; en la elección presidencial de 2013, Henrique Capriles obtuvo más del 44% de los votos. Y en las elecciones parlamentarias de 2015, la MUD obtuvo más del 56%, lo que le permitió ganar dos tercios de la Asamblea Nacional. Estos avances permitieron desnudar el autoritarismo del régimen, y deslegitimarlo interna y externamente. Ante los avances de la oposición en el nivel municipal y regional, la respuesta fue quitar competencias y recursos a las autoridades electas, y establecer entidades y autoridades designada paralelas. Después de perder el control del parlamento en 2015, y la hegemonía electoral, el presidente Maduro entró a una etapa abiertamente autoritaria, cerrando los mecanismos de competencia: bloqueó la realización de un referéndum revocatorio, suspendió la convocatoria a elecciones regionales, y desconoció la autoridad de la Asamblea Nacional. Convocó para ello la elección de una Asamblea Constituyente con mecanismos amañados que le permitieron al Gran Polo Patriótico obtener el 100% de la representación. El asunto es que después de estas arbitrariedades, y en medio de un colapso económico, la oposición pasó a una etapa de movilización y confrontación entre abril y julio, con la esperanza de propiciar el derrumbe del régimen. La combinación de la pérdida de legitimidad electoral, el colapso económico, sus evidentes arbitrariedades, su aislamiento internacional, hacían verosímil ese escenario. El problema es que no ocurrió. Maduro ha consolidado, aparentemente, el control interno del régimen, y a pesar de algunos indicios de fisura, pudo capear el temporal, a un alto costo. En este marco convocó a las postergadas elecciones regionales, para el pasado 15 de octubre. La oposición dudó en participar o no, con lo que la unidad se resquebrajó; con todo, se confiaba en lograr un triunfo importante. Al final, la MUD obtuvo dos millones de votos menos que los obtenidos en diciembre de 2015, y ganó apenas cinco de las 23 gobernaciones en disputa. Hay todo tipo de explicaciones para este resultado, desde un abierto fraude (poco creíble), una competencia electoral abiertamente manipulada a favor del régimen (totalmente cierto), donde resulta clave el uso clientelístico masivo de un sistema de reparto de alimentos casa por casa, fundamental en medio de la crisis económica. A esto hay que sumar el hecho de que la oposición perdió credibilidad como alternativa viable, al identificarse en el último tiempo solamente con la movilización y la protesta. Maduro parece evaluar que ha recuperado competitividad electoral, con lo que planea convocar a elecciones municipales para finales de año, y está la próxima elección presidencial de finales de 2018. ¿Qué camino seguirá la oposición?
