Fidel Mendoza: “Es apropiado investigar a Ollanta y Nadine por lavado de activos”

Entrevista. Uno de los mayores expertos peruanos en el tema tercia en un debate polarizado.,Fidel Mendoza: “Es apropiado investigar a Ollanta y Nadine por lavado de activos”,Fidel Mendoza: “Es apropiado investigar a Ollanta y Nadine por lavado de activos”,Fidel Mendoza obtuvo un doctorado en la Universidad de Salamanca con la calificación de sobresaliente cum laude. Acaba de publicar su tesis: “El delito de lavado de activos”. Con este precedente opina en uno de los debates nacionales de mayor actualidad. Una línea de defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia es que aún si hubieran recibido dinero de Odebrecht no pueden ser acusados de lavado de dinero. Un requisito, el delito-fuente, se cometió en Brasil, y ellos no podían conocer el origen ilícito del dinero. Es la posición de algunos penalistas: que el aporte de campaña tiene licitud. La discusión que ellos plantean es si lo realizado con el dinero aportado podría constituir delito y a partir de ahí realizarse un delito de lavado. Plantean, por tanto, la búsqueda de un delito-fuente local: defraudación tributaria, apropiación ilícita, fraude en la administración de la persona jurídica (el Partido Nacionalista). Mi parecer dista de esa posición. PUEDES VER Humala y Heredia: Afirman que ratificación de prisión preventiva "se ajusta al estándar" ¿El delito-fuente, entonces, sería el cometido en Brasil? No es correcto asumir que los delitos locales son absolutamente independientes de las operaciones de Odebrecht. Eso no se ajusta a la actuación de las organizaciones criminales internacionales. Sabemos que desde hace muchos años Odebrecht recapitalizaba el dinero logrado por las obras públicas que obtenía a través de sobornos, dentro y fuera de Brasil. Este dinero es producto de sus actuaciones como organización criminal empresarial. El delito-fuente en los casos Odebrecht, por tanto, tiene procedencia extraterritorial: es su propia actuación como organización criminal transnacional. Por eso las investigaciones no deberían limitarse a discutir un particular delito en Perú, como se ha venido haciendo. El dinero desembolsado desde Brasil ya tiene un origen delictivo, y los delitos cometidos aquí sólo son ejecución del programa criminal de esta organización. Pero los candidatos no necesariamente conocían el origen. Ese es un segundo nivel de análisis que prevé la norma: si la procedencia delictiva del dinero que se recibía podía, cuando menos, ser presumida. No sólo se sanciona el conocimiento seguro del origen delictivo del dinero. Los penalistas analizamos primero la fase objetiva en la estructura de un delito. En estos casos, la transferencia o la recepción de dinero de una organización criminal empresarial, la cual por su actuación configura un delito fuente extraterritorial. Esto es aplicable para Odebrecht y para las otras empresas brasileñas. No es un hecho privativo del Perú, pues también en otros países operaron para obtener licitaciones mediante soborno. La ejecución de dicho programa delictivo estuvo dirigida tanto a la corrupción como al financiamiento de campañas políticas. El dinero ya venía desde Brasil con origen delictivo, no es que tal origen se produjo por un delito nacional. Llegó maculado por el delito extraterritorial de integrar, promover, formar parte de este tipo de organizaciones criminales. Por eso no creo que sea acertado dirigir únicamente la atención hacia los delitos-fin que en el Perú, adicionalmente, cometieron. Odebrecht realizó operaciones lícitas en el Perú. ¿Cómo discriminar? Sí, y es indispensable para estas organizaciones realizar adicionalmente operaciones lícitas, camuflando sus actividades delictivas en formalidades legales que les permiten subsistir y operar. La pregunta de la investigación fiscal subsiste: de ser verdad lo dicho por Marcelo Odebrecht ¿de dónde procedieron los tres millones que afirma haber entregado a Humala-Heredia? De la cuenta que la compañía tenía con Lula Procedería de una contabilidad paralela dirigida al Partido de los Trabajadores, no de operaciones abiertas o dinero declarado. La investigación apunta a que se trataría del llamado “Proyecto OH”, que apareció en un correo de Fernando Migliaccio, con recursos de la Caja 2. El origen ilícito ha sido comprobado después. ¿Cómo un candidato podría lavar un dinero enmascarado? En este delito, no sólo se debe probar el acto de lavado y el origen delictivo del dinero sino, además, probar que quien transfirió o recibió dinero lo hacía con el conocimiento de que tales activos procedían de un delito. Sin embargo, también se cumple tal exigencia con un estándar menor: el poder, o deber, presumir el origen criminal del dinero. Para mí esto es determinante en los casos Odebrecht: si los aportes de campaña se recibieron pese a estarse en capacidad de presumir su procedencia delictiva, su origen en actos de una organización criminal. El Tribunal Supremo español, por ejemplo, resuelve este problema con la llamada “conciencia de la anormalidad de la operación económica realizada y la razonable inferencia de que el dinero involucrado procede de un delito grave”. También nuestra Corte Suprema reconoce este criterio, especialmente, en una resolución del último diciembre. En el caso de Humala, el dinero lo ofrece el Partido de los Trabajadores y se lo entrega una empresa contratista. Jorge Barata asevera que una parte sirvió para contratar al publicista Luis Favre y otra para ser entregada en efectivo en Perú. No me parece una operación económica razonable recibir unos millones de dólares sin registro inmediato, como tampoco haberlo ocultado no declarándolo. Sería una operación anormal de la que el receptor sería consciente. Por el monto involucrado, el carácter oculto del acto, el tipo de operación, el soporte desde el extranjero por una transnacional vinculada a un partido afín, entre otros elementos, ¿podía acaso el receptor inferir que el dinero era recibido como una operación económica anormal y que su fuente era alguno de los brazos de esta organización criminal empresarial? Eso no debería descuidar ni la Fiscalía ni la defensa. Debería ser un eje de la discusión. Eso puede ser más difícil de determinar. ¿Acaso Humala hubiera tenido que conocer que Lula tenía una cuenta corriente con Odebrecht? Para este delito basta recibir dinero pudiendo presumir su origen delictivo y que lo reciba para evitar que se identifique la fuente real del dinero. Por ejemplo, comete lavado quien compra un inmueble a un narcotraficante con un precio por debajo del mercado, ya que es razonable presumir que dicho bien está vinculado económicamente con actos de narcotráfico. No es necesario un conocimiento seguro del origen delictivo del dinero. La ley es clara. ¿Qué aplicación han tenido estos criterios en España, de donde usted recogió la mayor jurisprudencia? Principalmente en el juzgamiento de las cajas negras del Partido Popular. Había aportes ilegales de empresas que ganaban licitaciones en las comunidades autónomas. Las comisiones de las obras iban al financiamiento del PP, para sus campañas políticas. Como consecuencia de estos escándalos, en 2015 España inició la sanción penal del financiamiento ilegal de los partidos políticos. Las defensas argüían que no eran sobornos sino aportes legales. Ese delito no lo tenemos tipificado. El lavado de dinero es un proceso de varias fases, en el que el lavador cumple su fin al transformar los activos. Pertenece a la cadena dominada por quien controla la actividad ilícita. ¿Por qué tendrá que ser acusado de lavado de dinero el político que recibe una donación? Esto también es parte del debate. Es una premisa errónea la de que para sancionar el lavado debe completarse todo un circuito. El lavado es un proceso de varias fases. Es un proceso económico ilícito, pero ese no es el concepto penal de lavado de activos. Éste se encuentra definido en la ley a través de varias modalidades que contienen diversos actos parciales del proceso de lavado. La ley, por ejemplo, reprime a quien transfiere o convierte activos de origen delictivo para evitar que se identifique su fuente ilícita, pongamos a través de un giro en favor de terceros. ¿Y las otras modalidades? La ley también reprime a quien los recibe, oculta, custodia, administra, guarda, utiliza o los mantiene en su poder. Asimismo, a quien transporta este tipo de activos. No es necesario para condenar que el circuito de un proceso de lavado se complete, como por ahí se ha dicho. Es suficiente con intervenir en cualquier parte de dicho proceso. La ley prevé hasta quince formas de realizar el delito de lavado. En los casos Odebrecht hay varias modalidades de posible lavado que aquí están en discusión. Una cosa es el proceso de lavado, que tiene un ciclo o etapas, y otra lo que la ley define como lavado. Son múltiples escenarios. No podemos confundir uno con lo otro. Basta, para condenar, un acto parcial en todo el proceso, aun cuando el circuito ni siquiera se cierre. ¿Es apropiado, en suma, que Ollanta y Nadine sean investigados por lavado de activos? Sí, es apropiado. Y hay elementos potenciales para una acusación. Y si se confirmara que Keiko Fujimori recibió dinero de Odebrecht para su campaña, procedería también, desde luego, la misma investigación, ¿no es así? En efecto. Se iniciaría una investigación preliminar. ¿Y cuál podría ser la hipótesis del fiscal? Que no fue un aporte de campaña realizado por personas idóneas, solventes y con registros formales, sino por una organización criminal empresarial actuante desde el exterior. La discusión principal se centraría no en el carácter lícito del aporte, pues sería dinero de fuente delictiva, como he sostenido, sino en la razonabilidad de recibirlo previendo que procede del delito. ¿Y si el dinero se declarara, por más que sea de Odebrecht? Eso cambia el supuesto. Sería un acto de transparencia, no un ocultamiento, pero sólo un dato más a valorar.

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