Reforma de pensiones desencadenaría deuda millonaria para las próximas generaciones en Perú

El pasado 5 de septiembre se publicó el Reglamento de la Ley N.° 32123, bautizada en el debate público como el nuevo “Sistema de Secuestro de los Fondos de los trabajadores”. Lo que para el Congreso fue una votación resuelta con 38 manos alzadas en un hemiciclo de 130 curules, para el país significa una obligación: pagar por trabajar, por comprar y por pertenecer forzosamente a un fondo de pensiones.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún guarda silencio sobre la pregunta central: ¿quién asumirá el costo fiscal de esta reforma?

El atractivo inmediato es evidente: los afiliados a las AFP obtendrán nuevas transferencias, los pensionistas de la ONP recibirán incrementos y el Congreso sumará un triunfo político. Pero detrás de esa fotografía de corto plazo se esconde una factura intergeneracional.

Un reporte de Macroconsult, elaborado para la Asociación de AFP, había ya calculado hace un año que el costo fiscal oscilará entre 0,19% y 0,33% del PBI anual hasta el 2070. Sin embargo, el Consejo Fiscal elevó la advertencia: a largo plazo la cifra llegaría a 1,1% del PBI.

La ley de la irresponsabilidad fiscal

Noelia Bernal, investigadora del CIUP y especialista en pensiones, lo puso en números claros: el gasto en pensiones —tanto del Sistema Nacional como del Sistema Privado— alcanzaría anualmente los S/20.000 millones a partir de 2075. Y lanzó una advertencia que expone la magnitud del problema:

“¿Qué Estado va a poder pagarlo? Ninguno. Y, en todo caso, ¿a costa de qué? ¿De educación, de salud, de seguridad ciudadana?”, cuestionó en diálogo con La República.

Ahora bien, cabe señalar que el reglamento se publicó dos meses después del plazo legal. Y la demora no fue casual: ocurrió tras la difusión del Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029. De haberse hecho antes, el MEF se habría visto obligado a transparentar el costo real de la medida.

En el caso del Sistema Privado de Pensiones (SPP), los números muestran que el impacto fiscal crecerá con el tiempo. Entre 2025 y 2040, el gasto sería relativamente bajo: alrededor de S/1.000 millones anuales en 2040.

Pero a partir de entonces la curva se dispara. Más afiliados llegarán a la edad de jubilación y necesitarán del subsidio estatal para alcanzar la pensión mínima de la nueva Ley. Hacia 2075, el gasto bordearía los S/15.000 millones anuales.

El peso, en consecuencia, no recaerá sobre quienes hoy celebran la reforma, sino sobre los hijos y nietos de los actuales trabajadores. Una deuda generacional que comprometerá el presupuesto público del futuro y pondrá en jaque prioridades básicas del Estado.