El riesgo de la ley de protección policial, que favorece el uso excesivo de la fuerza

Las sendas movilizaciones no han parado desde que se conoció la aprobación de la vacancia contra el ahora expresidente Martín Vizcarra por parte del Congreso de La República. Apenas concretado el golpe de Estado, miles de personas se volcaron a las calles para protestar pacíficamente, pero han encontrado una brutal represión por parte de la Policía.

Las manifestaciones han dejado personas, entre ellos periodistas, con lesiones; así como detenciones arbitrarias. Incluso, según se informó en horas de la noche, un abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue detenido, luego de presentarse en la comisaría para apoyar con la salida de los detenidos.

A través de imágenes y vídeos, tanto personal de prensa como ciudadanos en general, han evidenciado el maltrato y uso excesivo de la fuerza por parte de muchos agentes del orden durante la jornada de protesta en el Centro de Lima. Fotos de policías lanzando bombas lacrimógenas y bombardas al cuerpo de los manifestantes se difundieron en redes sociales. Además, se pudo apreciar el constante hostigamiento de las fuerzas del orden contra quienes se trataban de reunir en la Plaza San Martín.

Ley de protección policial promueve el uso descontrolado de la fuerza

Existe una normativa que brinda carta abierta a estas prácticas que están en contra de los Derechos Humanos. Nos referimos a la Ley de Protección Policial, promulgada por insistencia por el actual Congreso, en marzo pasado. La autógrafa lleva la firma del actual presidente de la República, Manuel Merino de Lama.

Esta ley fue muy criticada por los cambios normativos y legales que plantea. Entre ellos está, sobre todo, la eliminación del criterio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, lo que podría ocasionar que la policía o el ejército haga uso excesivo de la fuerza en eventos como las movilizaciones ciudadanas.

“La norma establece la derogatoria de una anterior ley que establecía el criterio de proporcionalidad del uso de la fuerza. Sin embargo, el hecho de que ya no esté explícito, eso no debería ser carta abierta para que las autoridades hagan uso desmedido de la fuerza. Aunque, lamentablemente, en el Perú, muchas veces, si no está escrito algo, no se cumple”, precisó la abogada penalista, Romy Chang.

Otro tema que plantea la norma es la prohibición de la prisión preventiva o preliminar para los agentes del orden. Una medida que podría originar impunidad para aquellos policías que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos. La situación es preocupante debido a que en las últimas horas hemos podido observar un uso desmedido de la fuerza por parte la policía contra los manifestantes que salieron a protestar, luego de la vacancia presidencial.

“Ya anteriormente la Corte Suprema se pronunció, en un acuerdo plenario del 2019, que no se puede hacer consideraciones personales por el simple hecho de ser policía. Siempre hay que analizar el caso concreto. Ahora, esto podría pasar factura en este contexto, ya que podrían argumentar que están en el ejercicio de sus funciones y por tanto no podrían ponerles prisión preliminar, en ningún caso”, advirtió Chang.

La Defensoría del Pueblo se pronunció en su momento y mostró preocupación por la eliminación del criterio de proporcionalidad, ya que “este constituye un criterio básico para la protección de la vida e integridad de todas las ciudadanas y ciudadanos”, indicaron.

Además, señaló que la modificación del Código Procesal Penal con el fin de prohibir la prisión preventiva para los policías que causen lesión o muerte, en el ejercicio de sus funciones es inconstitucional. Precisó que esta función le corresponde tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, por lo cual, no es posible modificar sus nivel de aplicación.

Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH también se pronunció en contra de esta autógrafa debido a que puede ocasionar el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades policiales e hizo un llamado a la derogatoria.

“Demandamos al actual Congreso de la República la derogación de la mencionada ley por su carácter inconstitucional e inconvencional, y por los riesgos que implica para el desempeño de la función policial”, se lee en su comunicado.