Acuerdo de Escazú: entre la protección de líderes indígenas y el acceso a la información

Por: Alexandra Ortega y Lady Ychpas

Desde hace más de un mes, el Acuerdo de Escazú es uno de los temas que ronda dentro de la agenda nacional; sin embargo, pocos ciudadanos han escuchado hablar de la importancia de este tratado internacional de medio ambiente que lleva desde el 2018 esperando ser ratificado por el Congreso de la República. Aunque, de repente, sí han llegado a oír del acuerdo por medio de ciertas frases como ‘pérdida de la Amazonía’, ’cualquier persona podrá enjuiciarnos’ o un ‘ahora todas las inversiones serán aplacadas por las organizaciones'.

No obstante, este tratado va más allá. El acuerdo menciona los siguientes puntos: el derecho del acceso oportuno a la información ambiental, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, y la justicia ambiental para asegurar el cumplimiento de las leyes en los países de América Latina y El Caribe. Pero, el más importante ítem dentro del Acuerdo es la protección a los defensores de los territorios nacionales, ya que en 2018, a nivel mundial, ocurrieron 164 asesinatos contra dicha población, siendo la región de Latinoamérica la más violenta: más de la mitad de muertes de líderes indígenas, según la ONG internacional GW.

Perú no es ajeno a esta realidad. Diferentes comunidades indígenas claman al Gobierno por un mejor acceso a la información y no al olvido de las poblaciones que luchan cada día por mantener con vida al territorio nacional.

“Ha tenido que morir alguien para que el Gobierno haga algo y diga ahora sí te vamos a dar el título de propiedad”, indicó Lizardo Cauper Pezo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) cuando respondió a la pregunta de la muerte del activista medioambiental Edwin Chota y otros tres líderes asesinados en 2014.

Chota fue un líder que luchó por conseguir su título de propiedad territorial colectiva; sin embargo, luego de 12 años, no lo logró. “Recibió presión de traficantes de tierra y de cultivos ilícitos. Con ello, empezó a recibir amenazas de muerte”, indicó Cauper a La República. Sin embargo, no sería la única muerte en estos últimos años.

“Hace poco, un hermano ashaninka (apu Arbildo Melendes) fue asesinado en conflictos con personas que realizaban actividades ilícitas de cultivo de coca en Huánuco. Nadie dice algo, estas cosas se tapan. A ellos los quieren proteger, pero no a los pueblos indígenas. Nosotros nos morimos defendiendo estos lugares porque no queremos perder la Amazonía (...) Estos líderes viven esta realidad, no hay justicia”, agregó el presidente de AIDESEP.

Lizardo Cauper se plantea la pregunta: ¿Por qué tanta indiferencia a los pueblos indígenas cuando defendemos soberanía y recursos? El presidente manifestó que el Acuerdo de Escazú vela por ellos y por los derechos humanos. “Es de suma importancia por el tema de transparencia e información. Con esto, se va a dar un aporte importante en materia ambiental para conocer cómo se está dando los tratados con una información clara”, sostuvo.

¿Habrá pérdida de la soberanía del territorio nacional?

Uno de los argumentos contra la no ratificación del Acuerdo de Escazú es la pérdida de más del 53% de la soberanía del territorio nacional, lo cual resulta no ser cierto.

“Estamos perdiendo porque no hay ninguna norma que avale la protección, si nosotros los pueblos indígenas no existiríamos, ya hubiéramos perdido la Amazonía. No es el tema de soberanía, sino que hay un desinterés de un grupo por no fiscalizar y dar información incompleta sobre la situación”, aseguró Cauper.

César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental y promotor de que el Acuerdo de Escazú siga su curso, expresó que este afirmación ha sido levantada por el sector en contra, pero no sería parte del tratado.

“Yo creo que la gente miente en este aspecto porque el Acuerdo de Escazú en los artículos referentes, específicamente, en el 3 en el inciso I, aborda todo el tema de soberanía. Si uno se pone a leer, no encuentra nada de ello, las personas también debe informarse y leer, no solo repetir a partir de algo escuchado”, acotó.

“Todos los estados son soberanos sobre los recursos que están en su territorio. Esto tumba todo argumento. Incluso, en el inciso J se señala el principio de igualdad soberana de los estados”, argumentó Ipenza.

Johana Mendoza Vargas, parte de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), también manifestó que no existe en ninguna parte del tratado algo relacionado a una pérdida de soberanía. “Es una campaña que ha funcionado mucho porque las personas cuando escuchan pérdida, es un mensaje que queda bastante. Si una persona se informa bien y lee los artículos va a tener en cuenta que es falsa”, dijo.

¿Se podrá realizar procesos judiciales al Perú?

Otro aspecto que aún no se tiene claro sobre este tratado internacional es si las personas podrán enjuiciar o abrir procesos en contra de nuestro país. Según César Ipenza, esto no sería posible, ya que solo se da entre estados.

“Eso tampoco es cierto. Con o sin acuerdo de Escazú, los estados pueden recurrir a tribunales. Particularmente, hay dos: Corte Internacional De la Haya y Corte Internacional de Justicia. El primero fue para que Perú haga una reclamación a Chile por los espacios marítimos; es decir, no puede recurrir solo una persona. El segundo de la misma manera, solo se puede entre dos estados. Solo recibe este tipo de reclamaciones”, mencionó.

Por otro lado, Johana Mendoza indicó que el Acuerdo no apoya casos particulares o a inversionistas particulares. “Los países involucrados tienen derecho a presentar un proceso en caso se está incumpliendo un derecho humano, sin embargo, esto no quiere decir que una persona natural pueda realizar esto. No es correcto afirmar que (el tratado) desemboque en conflictos socioambientales internos o que puedan judicializar”, puntualizó.

¿Habrá una menor inversión y un déficit de crecimiento?

En las últimas semanas, la CONFIEP sacó un comunicado respecto a la ratificación de Escazú, donde mencionan que “no es conveniente ratificar el tratado, en aras de proteger nuestra soberanía nacional y dotar de seguridad jurídica a las actividades económicas del país”.

César Ipenza manifestó que este argumento sería inválido. “Lo mismo se decía de la Ley de Consulta Previa o en los 2000 cuando se discutió la Ley General del Ambiente, ahí la CONFIEP y otros grupos mineros mencionaban que no habría inversión (...) Más bien si la gente está bien informada, no va ser susceptible a que un agitador social u otra persona lo desinforme, ya que los ciudadanos han sido partícipes de esto y conoce las implicancias de un proyecto”, detalló.

¿Por qué es importarte incluir a los defensores ambientales?

Uno de los puntos más importantes del tratado es la protección a los defensores ambientales. Johana Mendoza, parte de la organización DAR, aseveró que este sería el primer tratado en reconocer esta población y velar por sus derechos. “No solo a nivel nacional, sino en América latina y El Caribe”, dijo.

Lizardo Cauper remarcó que el Acuerdo ayudaría a visibilizar a la población que ha sido olvidada por el Estado, incluso en medio de la pandemia. “No tenemos agua ni luz. Para nosotros fue una burla la entrega de los bonos de electricidad u agua cuando no tenemos ello”, aseguró.

Por ello, Mendoza mencionó que “es necesario acortar las brechas con las comunidades indígenas porque son estas las que no reciben información a tiempo, e incluso, no toman en cuenta el factor de la tecnología carente”. Perú ha sido incluido como uno de los países más violentos con respecto a muertes de defensores ambientales, según el reporte de Global Witness.

Perú: ¿a puertas de una ratificación o denegatoria?

En el año 2018, Perú fue el primer país en firmar el Acuerdo de Escazú; sin embargo, continúa sin ser ratificado. Esto se debería a los cambios tras el cierre del Congreso de la República. En los últimos años, varias instituciones como Defensoría del Pueblo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente y Poder Judicial han emitido un voto a favor del tratado.

Por ello, ahora el Congreso ha solicitado un número de sesiones con especialistas, profesionales, entre otros, para consultar todos los vacíos u opiniones adversas. También, a los que no están de acuerdo, se les invitará a estas sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Todo el mes de agosto se estará viendo ello. Todo está en la mano de los congresistas, que ya tienen las opiniones técnicas favorables de los sectores. Ahora quieren tener opiniones específicas en las sesiones del Congreso de la República”, sostuvo Johanna Mendoza.

Si bien se ha señalado como fecha límite el día 26 de setiembre, Perú podría ratificar en otro momento; sin embargo, se teme que quede en el olvido y archivamiento. “Sino se ratifica, a futuro tendremos más discusiones y para ser parte del Acuerdo no hay un plazo exactamente. Lo ideal sería que se ratifique este año”, dijo.

En estas últimas semanas, varios organizaciones juveniles, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores han estado participando activamente para que pronto se ratifique el Acuerdo de Escazú. “Es importante que la ciudadanía sea partícipe de todo. Como se va a hacer, qué se va a hacer y en qué va a repercutir. Cada ciudadano debe tener decisión propia con información previa”, finalizó.

Datos

. Hasta la fecha, 22 países han firmado el Acuerdo de Escazú; entre ellos, Perú. Solo 10 lo han ratificado, siendo Ecuador, Bolivia y Argentina los más cercanos a nosotros. Colombia se encuentra también en el proceso de ratificación y el presidente Iván Duque manifestó que lo hará en las siguientes semanas. México también entró a este proceso.

. Si quieres más información puedes buscar como #EscazúAhora o #VocesxEscazú.

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