Víctimas de violencia en Pataz pasan por legista en Trujillo
Urgente. Agraviadas pierden tiempo y dinero para trasladarse de la sierra hasta la capital de La Libertad. Defensoría del Pueblo pide solución a Ministerio Público ante constantes quejas.
La República en GoogleLas constantes quejas de víctimas de violencia por la falta de atención en la División Médico Legal (DML) de la provincia andina de Pataz generaron que la Defensoría del Pueblo intervenga, tras lo cual se detectó que existe un profesional asignado a ese puesto, pero que cumple funciones en Virú, que es otra DML.
Ante esta situación que vulnera el derecho a la salud de las víctimas, y que además les genera costos adicionales, pues tienen que viajar hasta 14 horas de Pataz hasta Trujillo para atenderse, la Defensoría del Pueblo recomendó al Distrito Fiscal de La Libertad adoptar acciones para garantizar el servicio en la DML de Pataz.
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La problemática se evidenció desde noviembre del año pasado y aún continúa la desatención, pues hace unos días una niña de ocho años que habría sido ultrajada sexualmente tuvo que trasladarse hasta Trujillo para ser evaluada por falta del médico legista en la zona.
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“El 2018 tomamos conocimiento de que existían obstáculos en el acceso a la administración de justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual o familiar, pues el médico nombrado para esta jurisdicción cumplía funciones en otra provincia (Virú), afectando el servicio en esta zona”, explicó el jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, José Agüero Lovatón.
En respuesta a la intervención de la Defensoría, el Distrito Fiscal La Libertad informó que en dicha plaza se había sido designado al médico Juan Jiménez Bravo; sin embargo, dos meses después se conoció que dicho galeno estaba dando servicios en Virú.
“Dada la situación, la Defensoría pidió información al Ministerio Público y nos comunicaron que el médico había solicitado su traslado definitivo a Virú sin que la presidenta de la Junta de Fiscales lo haya avalado, y que ahora está laborando en la DML en Trujillo desde febrero por orden de la Jefatura Nacional de Medicina Legal”, expresó Agüero.
