Silencios y medias verdades en sesión sobre DD. HH. con las Naciones Unidas

Las autoridades y funcionarios del Perú ayer evitaron responder con claridad ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre asuntos concretos vinculados con el uso excesivo de la fuerza pública y los crímenes cometidos contra civiles, en el marco del estado de emergencia decretado por el régimen de Dina Boluarte. Solo hubo generalidades, silencios y medias verdades.

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Todo esto ocurrió durante la primera de las tres sesiones de balance que realiza el mencionado comité de la ONU en Ginebra. La representación peruana participó de manera virtual.

Durante este primer encuentro, el comisionado representante de Chile, Hernán Quezada, formuló preguntas directas sobre el uso de fuerza pública durante las protestas sociales.

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Una interrogante concreta fue sobre el rol de las Fuerzas Armadas en los estados de emergencia. A pesar de la relevancia de la consulta, esta solo fue respondida por un funcionario del Ministerio de Defensa.

Al inicio de la reunión había participado el ministro de Justicia, José Tello, pero este optó luego por acudir a Palacio y no acompañó la importante sesión en la ronda de preguntas.

El coronel del Ejército Gérber Gary Rubio Álvarez, director de Políticas y Estrategias del Ministerio de Defensa, solo hizo referencia al Decreto Legislativo 1095, que regula el uso de la fuerza en territorio nacional.

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El funcionario castrense sostuvo que dicho decreto “ha permitido una correcta actuación del personal militar de las Fuerzas Armadas para su participación en el mantenimiento y restablecimiento del orden interno (...), en irrestricto respeto a los derechos humanos”.

Para entonces, ya el comisionado de Chile había mencionado las muertes en Ayacucho como producto de la represión a cargo del personal militar.

Jenni Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien se encuentra precisamente en Ginebra, rechazó tal versión, en entrevista telefónica con La República.

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“Cómo pueden decir que hubo irrestricto cumplimiento de los derechos humanos si todos sabemos, por lo que vimos y por las necropsias, que hubo un patrón de ejecuciones extrajudiciales, y se utilizó un instrumento de guerra que estaba prohibido y contra personas que ni siquiera estaban participando en las manifestaciones”, protestó la especialista.

Consultada sobre el tema, la parlamentaria cusqueña Ruth Luque, quien acompañó a varios de los heridos de las protestas, también rechazó la versión que intenta dar el Ejército.

“La cifra alta de muertes y heridos da cuenta del impacto y la contundencia de la violencia desmedida que fue ejercida por la Policía y las Fuerzas Armadas”, apuntó.

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La omisión policial

Otro servidor que intervino ayer fue el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabria Angulo. En su presentación habló de generalidades sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en las intervenciones de la Policía Nacional.

En otro momento, hizo referencia a los mandos y a la posible responsabilidad política del Ministerio del Interior, sobre el tema señaló que hay “dos comisiones establecidas en el Congreso de la República”.

Lo cierto es que el Congreso, al contrario, ha ido dilatando el funcionamiento de comisiones investigadoras de este tipo. Recién el jueves se votó una reconsideración y a la fecha no hay ni una comisión instalada.

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El general Zanabria evitó responder sobre el ingreso de la Policía a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la sede de la Confederación Campesina del Perú.

Esto generó notoria incomodidad del comisionado por Chile, Hernán Quezada, quien insistió en que le alcancen información concreta.

Y no fue el único que se mostró contrariado. Pues la sesión también abarcó otras políticas generales del Gobierno peruano sobre derechos humanos.

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“No hemos recibido informaciones muy concretas a algunas de mis cuestiones”, dijo el comisionado José Santos (Portugal). “No se me ha dado ningún tipo de información, por tanto, no me es posible formular ningún tipo de pregunta de seguimiento”, advirtió también Carlos Gómez (España). La sesión en Ginebra continuará el 6 y 7 de marzo.

Reacciones

Jenni Dador Tozzini, sec. ejec. CNDDHH

“Cómo pueden decir que hubo un irrestricto cumplimiento de los derechos humanos si todos sabemos, por lo que vimos y por las necropsias, que hubo un patrón de ejecuciones extrajudiciales”.

Ruth Luque Ibarra, congresista

“Hay un hecho, además, muy grave. Como congresista, he solicitado a Defensa los informes que dieron viabilidad a los decretos de emergencia y se me ha dicho que esa información es clasificada”.