Sólo 1 de cada 100 denunciados por delitos tiene menos de 18 años de edad
El otro lado. Expertos consultados coinciden en que enviar a la cárcel a adolescentes de 16 y 17 años que cometen delitos, es contraproducente porque los estudios indican que en prisión no consiguen rehabilitarse sino más bien se mantienen en el circuito de la violencia. Además, el índice de participación de menores en el crimen en el Perú es uno de los más bajos.
Las cifras desmienten a los promotores de la ley que incorpora en el sistema penal adulto a los adolescentes de 16 y 17 años que cometen delitos. De acuerdo con el portal estadístico del Ministerio Público, en el año 2023 la participación de adolescentes en la criminalidad representó el 1.5%. Solo 1 de cada 100 personas denunciadas por cometer delitos tienen menos de 18 años. Es una de las tasas más bajas en América Latina.
“En la región hay países con índices de violencia 15 veces más altos que en el Perú. El porcentaje de delitos cometidos (en este país) por menores de 18 años (1.5 %), es muy bajo comparado a la población adulta (98.5%). Esto nos plantea una discusión sobre si es necesaria esta medida (la ley para sancionar penalmente a menores de 16 y 17 años”, señaló Alejandro Morlachetti, especialista en protección de Unicef Argentina.
El Pleno del Congreso aprobó juzgar a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos por delitos graves, pasando por alto los estudios que indican que la criminalización de los menores es contraproducente. Morlachetti citó una investigación de la Universidad de Harvard sobre la eficiencia de la prisión en menores de edad en Estados Unidos, donde la tasa de reincidencia en delinquir iba del 70 al 75 %, un porcentaje bastante alto que permite concluir el fracaso del sistema carcelario. El menor al salir de prisión vuelve a cometer delitos.
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De acuerdo con información del Programa Nacional de Centros Juveniles, al sistema de justicia penal juvenil llegan los adolescentes con mayor grado de vulnerabilidad. Es decir, adolescentes que han abandonado el colegio, repetido años, que han sufrido maltrato y violencia familiar, o han sido obligados a trabajar desde muy temprana edad. Son problemas sociales detrás del delito que el Estado debería de abordar. Y que la reciente ley aprobada no contempla de ninguna manera.
La especialista en psiquiatría del niño y adolescente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carmen Lagos, manifestó que la adolescencia es una etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena evolución intelectual y emocional, por lo que tratarlos como adultos solo contribuiría a que sigan inmersos en la violencia.
Los datos indican que los menores de 16 y 17 años no son actores principales del crimen
“La corteza cerebral se termina de desarrollar entre los 20 a 25 años, por lo que antes de esas edades son seres impulsivos y esto se intensifica más en la adolescencia. En este periodo, el cerebro vive una profunda transformación que afecta funciones, como el control de impulsos y la percepción de los riesgos”, explicó Carmen Lagos.
La especialista también consideró que hay que evaluar muy a fondo de qué hogares provienen los adolescentes, puesto que un cerebro que crece en un contexto de buenos tratos, es muy distinto a uno que crece en medio de malos tratos o inseguridad, lo que los lleva a la incapacidad de tolerar la frustración.
El origen del delito
“Para ellos el mundo no es un lugar seguro y desarrollan un cerebro para sobrevivir. En medio de los malos tratos o adversidad, la parte baja del cerebro, que tiene que ver con la sobrevivencia, tiene mucho trabajo y está hiper alerta. A estos niños les cuesta más la regulación emocional, tienen baja tolerancia a la frustración y responden impulsivamente. Sin embargo, sabemos que por la neuroplasticidad, el adolescente tiene una gran capacidad de aprender y desarrollarse y por eso se considera a la etapa de la adolescencia como la segunda ventana de oportunidad. Por esta razón, debemos poner todo el esfuerzo para resguardar su desarrollo”, señaló la especialista chilena.
La Oficial de Protección de Unicef Perú, Beatriz Gamarra, argumentó que a los adolescentes es mejor tratarlos fuera del proceso judicial. Se apoyó en un estudio realizado en Liverpool que hizo un seguimiento a adolescentes que cometieron delitos. Lo que descubre la investigación es que mientras más contacto tiene el adolescente, que atraviesa una etapa de desarrollo de su personalidad, con el sistema de justicia, su identidad se va desarrollando en función a la criminalidad y por lo que es más difícil apartarlo.
“Lo ideal es tratarlos fuera del sistema, y si entran en el sistema judicial, son mejor las medidas en medio abierto, que la privación de la libertad. Y si es inevitable la privación de libertad, es mejor que sea el menor tiempo posible. La privación de libertad no ayuda a la reinserción social de los adolescentes”, apuntó la oficial de protección.
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Beatriz Gamarra dijo que la privación no ayuda a la reinserción en el caso de los adolescentes.
Víctimas del crimen organizado
La oficial Gamarra manifestó la necesidad de abordar el delito en menores de edad desde políticas multisectoriales: “Una sola política no va a resolver el tema, hay que abordarlo desde las causas y que se sancione el uso de niños y adolescentes en cualquier delito. Ellos son víctimas de la criminalidad organizada, de personas que los están usando", destacó Beatriz Gamarra.
En el 2007, el Código del Niño y Adolescente establecía una sanción máxima de 3 años de pena privativa de la libertad, la norma se modificó y aumentó la sanción a 6 años. De acuerdo con Beatriz Gamarra, el resultado del incremento de años fue que entre el 2007 y 2014 se elevó el número de adolescentes que llegaban al sistema de justicia penal.
“No se resolvió el problema de fondo. En el 2014 se aumentó a 10 años la sanción máxima, lo que trajo una crisis en el sistema de reinserción de adolescentes, donde había adolescentes que cometieron el delito a los 17 años y mantenían en el sistema hasta los 27 años”, explicó.
Alejandro Morlachetti resaltó que el dictamen aprobado por el Congreso colisiona gravemente con la Convención sobre los Derechos del Niño, del que Perú es parte. Nuestro país está obligado a procesar y sancionar a los adolescentes dentro de un sistema de justicia penal juvenil, y no en el ámbito penal para adultos.
“El marco normativo internacional, al que pertenece el Perú, como es la Convención de los Derechos del Niño, señala que toda persona menor de 18 años es considerado niño, adolescente o menor de edad, a efectos de la protección especial que necesita la niñez y adolescencia”, expresó Morlachetti.
Cualquier medida que le de tratamiento de adulto a una franja que va hasta los 18 años, es una contradicción”, sentenció el especialista en la materia.
Doctores en crimen
El representante de Unicef en el Perú, Javier Álvarez, señaló que el organismo internacional no desconoce la situación de deterioro de la seguridad ciudadana que afecta al país. Pero resaltó que los datos del Ministerio Público arrojan que solo uno de cada 100 delincuentes en el país son adolescentes.
“Esta medida (la ley aprobada por el Congreso) puede traer un efecto más negativo que positivo. Legislar por la alarma social puede llegar a ser contraproducente porque va a poner a los chicos en un sistema de adultos que sabemos tiene carencias. Es darles un doctorado en delincuencia acelerado. En este contexto, es mejor legislar con la cabeza fría que con el corazón caliente”, destacó Álvarez.
Javier Álvarez dice que la ley aprobado por el Congreso puede tener un efecto negativo
También resaltó que se está haciendo una errónea interpretación del artículo 40° de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que esta precisa que los estados deben establecer una edad mínima por la cual los niños no tiene capacidad de infringir leyes penales, que en el caso del Perú es de 14 años.
Enfatizó que en el país, todos los adolescentes desde los 14 años son imputables y enfrentan las consecuencias si cometen una infracción penal, pero tiene el derecho de recibir un trato acorde a las reglas de justicia penal juvenil, mediante un tratamiento punitivo diferenciado. Y que, en ningún caso, quedan impunes.
“En Unicef estamos convencidos que las medidas de prevención son siempre el mejor camino. Aseguremos a los niños y adolescentes todos sus derechos y castiguemos a los que se aprovechan de sus vulnerabilidades. Juzgar a adolescentes como si fueran adultos solo generará una falsa y fugaz sensación de seguridad a costa de negarles la oportunidad de reinserción social”, concluyó el representa de Unicef en el Perú, Javier Álvarez.
RECUADRO: Radiografía de los centros juveniles de reinserción
● Información del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), la institución encargada de administrar el Sistema Nacional de Reinserción Social, y de ejecutar las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes que delinquen, los adolescentes que cumplen medida judicial privativa de libertad presentan indicadores sociales y educativos que reflejan problemáticas estructurales asociadas a la educación, el trabajo infantil, la violencia y las condiciones familiares.
● De la totalidad de adolescentes de los centros de reinserción, el 62.9% no concluyó la secundaria, el 88% trabajó antes de ingresar en el centro juvenil y el 49.4% abandonó su casa.
● Por otro lado, el 29.1% sufrió violencia por parte de sus padres o de los adultos que los cuidaban, y un 16.3% ya era padre o madre al momento de ingresar al centro de rehabilitación.
