María McFarland: “Desde el Congreso se impulsan proyectos encaminados a silenciar a la sociedad civil”
La asesora de Human Rights Watch estuvo en Lima para participar en el Seminario Internacional #Cooperación para la democracia.
María McFarland ha vivido en el Perú varios años, así que está bien al tanto de sus problemas y desafíos. Advierte que hay un esfuerzo desde el poder para socavar a la democracia y sus instituciones.
Su exposición se ha titulado “Destruir la sociedad civil para avanzar en el autoritarismo”. ¿De qué manera se procede la destrucción de la sociedad civil en el Perú?
En el Perú desde hace un buen tiempo hay un esfuerzo de distintos actores que están buscando socavar la democracia para favorecerse ellos mismos y a sus propios intereses. Ese esfuerzo ha incluido una estigmatización muy fuerte de la sociedad civil crítica.
¿De las ONG?
De las ONG de derechos humanos, de las organizaciones que trabajan en temas de corrupción o democracia, del periodismo independiente. De distintas maneras han sufrido acoso, presencial, de parte de grupos que se aparecen delante de sus oficinas o sus casas para amedrentar. Desde el Congreso se impulsan proyectos que también se encaminan a silenciar a la sociedad civil.
¿Habla del proyecto sobre las ONG aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores?
Que va en la misma línea de lo que se ha visto en otros países para desarticular a la sociedad civil, como Rusia y la India. Este tipo de leyes se ha usado para decir que las organizaciones que reciben financiamiento del exterior son agentes extranjeros que representan intereses de otros países y son una amenaza. En Nicaragua han cerrado miles de organizaciones.
¿Por qué el poder le tiene miedo a la sociedad civil?
A los actores en el Gobierno que están tratando de actuar por fuera de la ley o de los principios democráticos y de derechos humanos no les gusta que la gente vea lo que están haciendo, que se les haga rendir cuentas ante las cortes nacionales o internacionales. Quieren hacer sus cosas sin supervisión. Es una reacción típica de corruptos que quieren acaparar poder.
¿Hay autoritarismo en el Perú?
Hay una fuerte tendencia autoritaria en el Congreso a la que el Gobierno de Boluarte hace el juego. Parece que tienen algún tipo de relación que los beneficia. Hay un esfuerzo por capturar instituciones del Estado, de la justicia, a las autoridades electorales. En paralelo, en el Perú hay un problema grave de crimen organizado, con algunas características que han tenido países vecinos. La extorsión se ha disparado y eso es algo que yo vi mucho en Colombia cuando trabajaba allá, que se ha visto en todo Centroamérica. El Congreso está tan preocupado por protegerse a sí mismo, a sus intereses, que está desmantelando el sistema para la persecución del delito.
Y la inseguridad afecta a los derechos humanos.
Por supuesto. Al crimen organizado hay que echarle mucho ojo porque en otros países se ha visto que lleva a una violencia muy alta y eso afecta el derecho a la vida. La extorsión es un tema de derechos humanos y el Estado tiene la obligación de proteger a las personas de este tipo de violencia. El crimen organizado también está vinculado a las muertes de defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
Human Rights Watch ha seguido de cerca el tema de los asesinatos cometidos durante las protestas contra el Gobierno de Boluarte. ¿Qué evaluación hace de lo que se ha avanzado hasta el momento?
Hay una impunidad total. Por cierto, el uso excesivo de la fuerza en contra de las protestas seguramente ha contribuido a que la gente ahora tenga miedo de salir a las calles. Hace tiempo estamos hablando de que hay que hacer reformas dentro de la Policía. También hubo un uso excesivo de la fuerza en 2020 en las manifestaciones que llevaron a la caída de Manuel Merino y no se hizo nada.
¿Usted estuvo detrás de la iniciativa para retirarles las visas a los congresistas?
Yo escribí una columna que salió en el periódico The Hill en Washington diciendo que Estados Unidos debería estar muy preocupado por las medidas del Congreso peruano para socavar la democracia y proteger al crimen organizado y a la corrupción.
¿Y cuál fue la respuesta?
He tenido reuniones muy positivas con personas en el Congreso de Estados Unidos. Hay interés. Estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Yo no sé qué es lo que va a hacer el Gobierno de Estados Unidos.
¿Diría que hay preocupación en Estados Unidos por lo que ocurre en el Perú? Hay otras urgencias en el mundo.
La mirada hacia América Latina por ahora ha sido por el tema de la inmigración, esa es la principal preocupación, porque es un tema político-doméstico. Sin embargo, siempre ha habido una preocupación por la inseguridad. Antes era por la guerra contra las drogas. Yo creo que eso ha evolucionado un poco y sí me parece que en Estados Unidos les ha llamado la atención todas esas medidas que ha tomado el Congreso para blindar a sus miembros y a su vez beneficiar al crimen organizado.
Usted vivió en el Perú en los noventa.
Entre 1985 y 1997.
Periodo difícil. ¿Ve alguna similitud con lo de ahora?
Veo algunas de las tácticas del gobierno de Alberto Fujimori, como tratar de capturar al Poder Judicial o a la prensa independiente, que se replican. Hay esfuerzos por hacer lo mismo y es para mí decepcionante porque habiendo trabajado por la extradición de Fujimori hace muchos años y después de ver con orgullo cómo el Perú fue el primer país en extraditar a un expresidente y hacer justicia en sus propias cortes por violaciones de derechos humanos y delitos de corrupción, no se ha aprendido la lección. O de repente muchas personas aprendieron la lección, pero no ha sido suficiente para detener lo que está pasando.
