Alan García: Congreso busca crear comisión para investigar la muerte del expresidente
La Junta de Portavoces acordó incluir en la agenda del Pleno la creación el grupo de trabajo para esclarecer “presuntas responsabilidades” del suicidio del expresidente Alan García en abril del 2019. Como se recuerda, el exmandatario se quitó la vida antes de ser detenido preliminarmente en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato.
La Junta de Portavoces del Congreso busca crear una comisión investigadora con el fin de investigar la muerte del expresidente Alan García del 17 de abril del 2019. En dicha reunión, en la que participaron los voceros de las bancadas del Parlamento, se acordó incluir moción en la agenda del Pleno.
De acuerdo con fuentes de La República, fue el congresista Jorge Montoya (ahora en Honor y Democracia y antes en Renovación Popular) quien solicitó introducir esta propuesta en la sesión plenaria de hoy, martes 10 de junio, a las 3:00 p.m. Es preciso resaltar que anteriormente dicho parlamentario propuso crear una comisión que costó más de S/200.000 en el que se investigó el supuesto fraude electoral del 2021; sin embargo, concluyó que no hubo nada y el informe final fue rechazado por la mayoría de sus colegas.
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"Conformar una comisión investigadora respecto a presuntas responsabilidades y políticas por el procedimiento judicial y la vulneración de los derechos constitucionales que motivaron la muerte del expresidente constitucional Alan García Pérez", acordó la Junta de Portavoces.
Como se recuerda, el exjefe de Estado decidió quitarse la vida antes de ser detenido por los efectivos policiales como medida de la Fiscalía en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato debido a los presuntos vínculos de actos de corrupción con la empresa constructora Odebrecht. Pese a que fue trasladado al Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, perdió la vida horas más tarde.
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Según Montoya, en la Junta de Portavoces no hubo oposición para aceptar la moción y mencionó que servirá "aclarar las situaciones sospechosas" del día que falleció Alan García. Además, aseguró que no formará parte de dicho grupo de trabajo.
Jorge Montoya también propuso investigar fraude electoral y no tuvo resultados
En junio del 2022, el congresista Jorge Montoya —cuando formaba parte de Renovación Popular— presentó las conclusiones de la comisión investigadora del supuesto fraude electoral del 2021. El grupo de trabajo, que fue creado por su iniciativa y que él lideró gastó más de S/200.000, no concluyó nada y el informe final fue rechazado por sus colegas.
Montoya resaltó en las conclusiones que debe ser el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Reniec quienes deben iniciar las investigaciones correspondientes para hallar las presuntas irregularidades que su grupo de trabajo no pudo obtener. Pese a que misiones internacionales de observación electoral ratificaron los resultados de los comicios electorales, el grupo de trabajo gastó S/216.347. Es decir, todo el trabajo y perdida de tiempo fue en vano.
Renovación Popular, exbancada de Montoya, propone crear una comisión investigadora sobre el acuerdo de colaboración con Odebrecht
En tanto, en marzo de este año, el Congreso aprobó la creación de una comisión multipartidaria que tendrá la tarea de investigar, durante un plazo de 90 días, el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la constructora brasileña Odebrecht. Esta medida busca abordar las indagaciones que implican a altos funcionarios públicos y a partidos políticos por presuntos aportes ilegales que, según se afirma, realizaron Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Bortoletti y Antonio Nostre Junior a las campañas electorales en Perú hasta el año 2016.
La propuesta promovida por las bancadas de Renovación Popular, Honor y Democracia (hoy bancada de Jorge Montoya), y Avanza País fue respaldada con 92 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones durante la sesión del 12 de marzo. La propuesta sugiere investigar a fondo todos los aspectos vinculados a la celebración, homologación y ejecución del acuerdo entre la constructora y la Fiscalía, así como los posibles efectos adversos que dicho acuerdo pudo haber ocasionado al Estado.
