Colectivos de la sociedad civil piden al Gobierno de Dina Boluarte observar ley que somete a las ONG

El último viernes 4 de abril, colectivos de la sociedad civil, organizaciones indígenas y congresistas se reunieron para solicitar al Gobierno de Dina Boluarte que observe la ley, recientemente aprobada por el Congreso, que somete a las ONG por medio de la regulación A la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APIC).

La norma otorga a la APCI la autoridad para supervisar los recursos que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) y su utilización. Asimismo, le confiere la capacidad de imponer sanciones a estas entidades y, en casos necesarios, presentar denuncias ante el Ministerio Público.

El punto más criticado de esta ley es que busca clasificar como infracción grave el financiamiento o la asesoría en acciones judiciales, como por ejemplo la violación de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, en contra del Estado peruano.

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Ley pondría pausar el financiamiento a las ONG

Uno de los puntos más cuestionados de la nueva norma es que toda actividad financiada con cooperación internacional deberá contar con la aprobación previa de la APCI. Esta disposición podría abrir la puerta a una discrecionalidad abusiva en la ejecución de los fondos, lo que, según Hugo Che Piu, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), podría llevar a que muchos financistas decidan pausar o cancelar su cooperación, redirigiendo sus recursos a otros países.

Che Piu también advirtió que las nuevas reglas pueden limitar seriamente la participación ciudadana en temas ambientales. “Esta no sería una norma contra las ONG, sino contra todos los que aspiran a un ambiente sano y equilibrado, y a un desarrollo sostenible”, afirmó, enfatizando la necesidad de un marco que fomente la colaboración y no la restricción.

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Ruth Luque y Susel Paredes en contra de la ley

La congresista Ruth Luque expresó su rechazo a la promulgación de la modificatoria de la Ley APCI, señalando que “las dictaduras se asientan cuando se arrancan derechos”. Calificó la norma como una herramienta autoritaria que restringe la libertad de expresión y dificulta el acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de abusos. Luque afirmó que esta medida favorece a intereses políticos que buscan acallar voces críticas.

Por su parte, la congresista Susel Paredes alertó que el cambio no afecta a todas las ONG por igual, sino que impacta principalmente a aquellas que brindan apoyo legal, lo que podría tener consecuencias negativas en la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

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Comunidades indígenas se pronuncian y la ANC llama a movilización

Desde el movimiento indígena, Teresita Antazú, miembro del Consejo directivo de AIDESEP, expresó que los cambios legales forman parte de una serie de normas que debilitan los derechos de sus pueblos. “Nosotros vemos un oscuro amanecer”, afirmó, recordando que sin el respaldo de organizaciones internacionales, casos emblemáticos como el Baguazo no habrían tenido la asesoría jurídica necesaria. Antazú advirtió que se están preparando para realizar acciones legales y denunciar la situación a nivel nacional e internacional.

Martha Cuentas, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Centros (ANC), enmarcó la aprobación de esta ley dentro de un modelo de desarrollo que concentra poder y riqueza. “Es urgente la articulación y movilización, pero también la resistencia”, afirmó, subrayando la necesidad de un frente unido para enfrentar los desafíos que presenta esta normativa.