Copamiento del MTC se organizó antes que Pedro Castillo asumiera la presidencia

Las licitaciones arregladas del organismo Provías Descentralizado a favor de 8 constructoras peruanas y chinas fue una forma de compensación a Juan Silva Villegas y Zamir Villaverde García, quienes presuntamente hicieron aportaciones ilícitas a la campaña presidencial de Pedro Castillo, según los 6 informes que presentaron las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Para recuperar el dinero que invirtieron Juan Silva y Zamir Villaverde, Pedro Castillo nombró al primero como ministro de Transportes y Comunicaciones y el segundo se encargó de reclutar empresarios dispuestos a pagar sobornos a cambio de contratos de millonarias obras públicas de Provías Descentralizado, dependiente del MTC, de acuerdo con los informes de las fiscales Zecenarro y Taquire.

Para que el esquema de corrupción que se había diseñado antes que Pedro Castillo asumiera el poder el 28 de julio del 2021, se necesitaba controlar el MTC para digitar a los funcionarios de este ministerio que se encargarían de amañar las licitaciones en beneficio de las constructoras.

Zamir Villaverde reclutaba a los empresarios que aceptaron el modelo de corrupción, a quienes garantizaba que todo estaba coordinado con Pedro Castillo, y para darles confianza a los constructores, les organizaba a estos o a sus emisarios reuniones con los sobrinos del presidente, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, en algunas ocasiones en la calle Sarratea o en el departamento de Magdalena del Mar, entre otros lugares, de acuerdo con los informes de las fiscales Zecenarro y Taquire.

En otras ocasiones también participaba como intermediario el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien solía mantener reuniones con Zamir Villaverde y su amiga Karelim López. Villaverde estaba muy relacionado con los hermanos Aguilar Quispe, y López con los hermanos Pasapera Adrianzén. Ambos grupos tenían conexiones con las constructoras chinas.

Incluso se produjo una disputa por la repartija de contratos de Provías Descentralizado, lo que obligó la intervención del presidente Pedro Castillo, con lo cual se evidenciaba que estaba enterado del esquema de corrupción, según los reportes de las fiscales Zecenarro y Taquire. En estos documentos se basó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para iniciar investigación contra el jefe del Estado por su presunto papel como cabecilla de una organización criminal dedicada a interferir en los procesos de licitación para desviarlos a favor de las constructoras implicadas.

En un primer momento, el 5 de mayo, el fiscal de la Nación resolvió abrir investigación solo contra Juan Silva y los 6 congresistas acciopopulistas. Pablo Sánchez es conocido por dedicarle mucho tiempo al estudio de los casos complejos como el que tenía entre manos antes de adoptar una decisión. Luego de revisar minuciosamente los informes de las fiscales Zecenarro y Taquire, de compulsar las evidencias documentales y los testimonios, y de requerir información adicional, se tomó 22 días para disponer el 27 de mayo el inicio de la investigación contra el mandatario Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Los reportes de las fiscales Zecenarro y Taquire convencieron al fiscal de la Nación de que los 8 contratos de Provías Nacional bajo sospecha de corrupción no podrían haberse entregado sin el conocimiento y el consentimiento del jefe del Estado.

Entre los informes más relevantes citados por el fiscal de la Nación se encuentra el fechado el 13 de abril, firmado por la fiscal Karla Zecenarro. En el documento se indica que la adjudicación para la construcción del Puente Tarata III, en beneficio de un consorcio compuesto por la constructora Termirex, de los hermanos Pasapera Adrianzén, y vinculada con Zamir Villaverde y Karelim López, fue producto de un acuerdo corrupto.

“(La licitación fue concedida a dicho consorcio) en el marco de una organización criminal que estaría liderada por el mismo presidente Pedro Castillo y por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quienes habrían planificado y decidido el modo en que intervendrían sus presuntos integrantes (...), los sobrinos del presidente (Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo), Zamir Villaverde, Karelim López, entre otros”, señaló la fiscal Zecenarro.

El 26 de mayo, Karla Zecenarro entregó a Pablo Sánchez otro informe en el que suministró más evidencias que comprometían al presidente Castillo, como los audios de conversaciones entre Bruno Pacheco y Zamir Villaverde. En las grabaciones del 25 de julio del 2021, se menciona el presunto aporte de un millón de soles por parte de Juan Silva, en representación de personas no identificadas. Y como parte de la compensación por la entrega de dicho dinero, Castillo designó a Silva ministro de Transportes y Comunicaciones para que manipule las licitaciones de obras públicas.

Pablo Sánchez también tomó en cuenta el informe de la fiscal de lavado de activos Luz Taquire, del 29 de abril. En el documento se recogen sustancialmente las declaraciones de la colaboradora eficaz Karelim López, quien mencionó la existencia “de una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conformada por el exministro Juan Silva y el presidente Pedro Castillo”.

Según un colaborador eficaz del despacho de Juan Silva en el MTC, quien reveló los antecedentes de los vínculos de este con Pedro Castillo, detalló “el interés del presidente en nombrar a personas allegadas en Provías Descentralizado, con la finalidad de adjudicar obras a empresas que lo habrían apoyado en su campaña presidencial”. Siendo así, se presume que desde antes que asumiera la conducción del Poder Ejecutivo, el presidente Castillo ya habría tenido a Juan Silva (en el despacho del MTC), quien le permitiría materializar el favorecimiento de empresas en la adjudicación de obras de la mencionada cartera (Provías Descentralizado”. Lo que explicaría por qué en un breve periodo de 5 meses las constructoras confabuladas obtuvieron 1.037 millones de soles por 8 obras públicas.

Contundentes informes fiscales

Los informes citados por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en su decisión para abrir investigación a Pedro Castillo son:

30/3/22: n° 08-2022-KZM-5D-2°FPCEDCFLIMA-MP-FN.

13/4/22: n° 09-2022-KZM-5D-2°FPCEDCF-LIMA

19/4/22: n° 000185-2022-MP-FN-5D-2°FPCEDCF-LIMA.

29/4/22: n° 02-2022-2°FISLAA-7D.

25/5/22: n° 12-2022-KZM-5D-2°FPCEDCFLIMA-MP-FN.

26/5/22: n° 15-2022-KZM-5D.2°FPCEDCFLIMA-MP-FN.