Fiscal de la Nación rechaza proyecto que favorece a corruptos

El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso para modificar las normas que regulan la colaboración eficaz “favorecería a la impunidad”, afirmó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

La iniciativa legislativa fue aprobada el 19 de enero por 11 votos, 3 de Perú Libre y 3 de Fuerza Popular, cuyos líderes, Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, son investigados por presuntos casos de crimen organizado y lavado de activos.

El dictamen del proyecto incluye sanciones de cárcel para los funcionarios públicos -fiscales, jueces, procuradores- que filtren a terceros los contenidos de las colaboraciones eficaces, y a quienes los difundan. Esto es, a los periodistas.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, recordó que el Ministerio Público comunicó a la Comisión de Fiscalización su opinión en contra de la reforma de la ley de colaboración eficaz. Y que en la misma línea se pronunciaron el Poder Judicial y la Procuraduría del Estado. Pero los congresistas hicieron caso omiso a las objeciones y aprobaron el dictamen.

“La iniciativa atenta contra la lucha contra corrupción y del crimen organizado”, señaló Ávalos mediante un comunicado: “La Fiscalía de la Nación en su momento opinó técnicamente en contra de la iniciativa, pero que su posición no fue escuchada, así como tampoco se escuchó la opinión del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia”.

En efecto, en el propio dictamen de la Comisión de Justicia constatan las objeciones del Ministerio Público: “Las modificaciones van en contra de la naturaleza dogmática procesal de los actos de investigación realizados en el proceso especial de colaboración eficaz, toda vez que no es razonable condicionar el uso de la declaración del aspirante a colaborador y/o las diligencias tendientes a corroborarlas en otras carpetas fiscales, a la aprobación judicial del acuerdo”, señaló el Ministerio Público: “Por lo tanto, no resulta viable” el proyecto de la Comisión de Justicia.

La fiscal de la Nación advirtió que el contenido del proyecto afectaría gravemente los actuales procesos de colaboración eficaz.

“La colaboración eficaz es una herramienta fundamental para investigar el crimen organizado y los delitos graves, porque permite destruirlo desde dentro con medidas disuasivas o de recompensas. De aprobarse su modificación, favorecería la impunidad”, señaló.

Entre los congresistas que aprobaron reformar la colaboración eficaz se encuentran Waldemar Cerrón Rojas, hermano del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, condenado por corrupción e investigado por su participación en la organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’.

También respaldaron la aprobación de los cambios a la colaboración eficaz tres congresistas de Fuerza Popular: Hernando Guerra García, Cruz Zeta Chunga y María Cordero Jon Tay. El fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori, por delitos de crimen organizado y lavado de activos, entre otros.

Por Perú Libre, votaron a favor de cambiar la ley de colaboración eficaz Waldemar Cerrón Rojas y Guido Bellido Ugarte, quienes también son investigados por el caso de ‘Los Dinámicos del Centro’.

Es decir, estos congresistas respaldaron un proyecto de ley que busca entorpecer las investigaciones fiscales, entre ellas las que los involucran directamente.

Amenaza a fiscales y a periodistas

Uno de los puntos más discutibles del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso es un artículo que contempla sancionar con penas de cárcel de 5 a 6 años a los que difunden el contenido de los colaboradores eficaces, esto es, a los periodistas.

También incluye una pena de 5 a 7 años de prisión para los funcionarios públicos -léase fiscales, jueces o procuradores-, que filtren todas o en parte las manifestaciones de los colaboradores eficaces.

Los periodistas de investigación han sido claves para que los ciudadanos conozcan las dimensiones de la corrupción mediante la difusión de las declaraciones eficaces. El proyecto de ley es una mordaza para los periodistas que informan sobre la corrupción.