Comisión Permanente del Congreso aprobó denuncia constitucional contra Martín Vizcarra
Al expresidente Martín Vizcarra se le acusa de presuntamente no haber renunciado a sus acciones de la empresa CyM Vizcarra S. A. C. cuando era titular del MTC en 2016 y 2017.
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Otra imputación. Por su actuación como titular del MTC. Foto: Antonio Melgarejo / La República
La Comisión Permanente del Congreso aprobó este viernes 14 de enero la denuncia constitucional en contra del expresidente de la República Martín Vizcarra por presuntamente haber cometido una infracción cuando ejercía el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones durante la gestión del exjefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski.
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La denuncia constitucional había sido enviada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que la aprobó en junio de 2021. El informe final de dicho año señalaba que el exmandatario habría favorecido los intereses económicos de la empresa Obrainsa con la adjudicación de obras públicas mientras se desempeñaba como ministro.
Asimismo, se recoge la acusación de la excongresista Yeni Vilcatoma, que indica que Vizcarra Cornejo no renunció a sus acciones de la empresa CyM Vizcarra S. A. C. cuando estaba en funciones como titular del MTC en 2016 y 2017.
Tras la aprobación de la denuncia constitucional, se recomendó inhabilitar de la función pública al exmandatario Martín Vizcarra por un período de cinco años.
Comisión Permanente otorga 15 días para que se investigue denuncia contra Manuel Merino
Por otro lado, durante la misma sesión, la Comisión Permanente del Congreso otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que investigue la denuncia contra el excongresista y expresidente de facto Manuel Merino de Lama, el extitular del gabinete ministerial Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.
Con 16 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones, el grupo de trabajo parlamentario decidió brindarle este plazo a la SAC para que continúe con las investigaciones respecto de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.
