Arequipa: Gobiernos locales de espaldas a la protección de la mujer
Sin apoyo. Defensoría del Pueblo presentó informe sobre violencia de género en Arequipa. Preocupa que instituciones regionales no tengan planes para combatir la violencia a mujer.
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Roberth Orihuela Q.
Arequipa. Las autoridades municipales no invierten un sol en prevenir la violencia contra las mujeres. Así de simple y crudo lo puso el representante del Defensor del Pueblo, Ángel María Manrique Linares. Dicha autoridad hizo un balance de la violencia de género.
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El recuento arrancó con el Gobierno Regional. En este año la comisión de lucha contra la violencia a la mujer, niño y adolescente se reunió apenas una sola vez. Además de eso no aprobó el plan regional.
Luego están los municipios provinciales. Estos cuentan con una ordenanza y hasta con un plan, pero según el representante del defensor, no se conoce si se ha asignado un presupuesto para actividades concretas. El municipio de Arequipa planteó la creación de un albergue para víctimas, pero no se hace realidad hasta hoy.
Lo mismo pasa con los otros gobiernos locales. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, el 30% de municipios distritales de la región no tiene aprobada una normativa. Se trata de 53 distritos, la mayoría de ellos ubicados en zonas de la sierra media y alta de la región, donde se registran muchos casos de este tipo.
El defensor Manrique pone el ejemplo del distrito de Ocoña. Allí se encuentra el anexo de Secocha, lleno de minería informal y donde ocurren cientos de casos de violencia contra las mujeres (explotación sexual). “En ese distrito, no hay ninguna norma para luchar contra la violencia de género”, indicó.
Un trabajo conjunto
El defensor además hizo referencia al trabajo que deberían estar haciendo los municipios en conjunto con otras autoridades, como la Policía y el Ministerio de la Mujer, para luchar contra la violencia de género. Arequipa es la segunda región con más casos de violencia: 6 363 registrados hasta junio.
Y es que, como vemos, los gobiernos locales y regionales solo se limitan a normar. “Una ordenanza es el primer paso, pero no sirve de nada si no se crea un reglamento que indique la forma en que se investiga y sanciona la violencia. Y luego aplicar el plan. Primero capacitando personal y luego con campañas de sensibilización junto a la Policía y otras autoridades y miembros de la sociedad civil”, explicó Manrique.
A todo esto se suma la desidia de algunas autoridades, que con sus actitudes solo hacen dudar a la población de su compromiso para resolver este problema social.
“Debemos dejar de decir que este es un tema familiar o privado. Es un problema que nos concierne a todos”, indicó el defensor en clara referencia al gobernador Elmer Cáceres Llica. Este ha blindado a su asesor Hugo Mendoza tras haber sido denunciado por golpear y amenazar de muerte a su pareja.
Es por ello que la Defensoría pide más compromiso de las autoridades para crear un plan conjunto de lucha contra este problema, que atañe a todos.
