
La representación política es el núcleo de la democracia. En este sistema político, un ciudadano elige a otro ciudadano para que lleve sus demandas al espacio donde se toman las decisiones que afectan su propia vida. La anemia que afecta a niños en regiones enteras del país, la falta de agua, la ausencia de transporte público digno, la pobreza que persiste pese al crecimiento económico, entre otras tantas más que serán distintas de acuerdo con el contexto de cada ciudad o pueblo, son realidades que deben usar a la democracia para mejorarlas.
Sin embargo, cuando esa representación falla, ocurren crisis políticas, caracterizadas por constantes episodios de inestabilidad institucional y que redundan en el aumento sostenido de la desconfianza en el Estado. Y lo medular es que todos esos problemas persistentes en el Perú tienen su raíz en ese mismo quiebre.
El Latinobarómetro 2025/2026 acaba de publicar que el 90 % de los peruanos no se siente representado por su Congreso. Es el porcentaje más alto de toda América Latina, catorce puntos por encima del promedio regional.
Solo el 9 % de los ciudadanos siente que el Parlamento los representa. Se trata del veredicto acumulado de una ciudadanía que lleva años observando cómo sus autoridades toman decisiones que no tienen nada que ver con sus necesidades.
Vale recordar que cuando el fujimorismo obtuvo más de 70 congresistas en 2016, millones de peruanos depositaron en esa bancada la esperanza de que alguien los escuchara. Lo que ocurrió después es lo que ese 90 % está midiendo. Lo mismo puede decirse de los parlamentarios de Perú Libre que, en lugar de representar con fidelidad a las regiones que los eligieron, prefirieron pactar con el fujimorismo para repartirse espacios de poder.
Contra quienes justifican esa infidelidad al voto soberano, es pertinente afirmar que la negociación política es legítima y los espacios de diálogo también son necesarios en una sociedad que aspira a ser democrática. Lo que resulta inaceptable es que ese diálogo sirva para traicionar a quienes pusieron a cada parlamentario en su curul.
En ese sentido, esta casa editorial recuerda que la herramienta más poderosa de una democracia reside en quien elige y no en quien es elegido. Exigir rendición de cuentas a los representantes, fiscalizar sus decisiones y castigar con el voto a quienes se dedican a disputas que no solucionan la vida de la gente es exactamente el ejercicio democrático que ese 90 % reclama. Ad portas de los comicios subnacionales, vale la pena no perder de vista ese derecho sustancial sin el que la democracia existe.

El Perú lidera el rechazo al Congreso en América Latina con 90%, según el Latinobarómetro.

El riesgo de que la Cámara Alta desnaturalice lo consensuado en Diputados debe corregirse para evitar el abuso del poder.

El periodismo peruano resiste pese a cinco asesinatos en dos años.

En democracia, la tolerancia no es un regalo del poder de turno sino su condición mínima elemental.

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