TC no debe admitir a trámite demanda fraudista
Alcalde encargado de la MML, Renzo Reggiardo, interpone acción competencial ilegal contra el JNE para anular los comicios.
En plena segunda vuelta, el país exige resguardo del orden constitucional. En ese contexto, la acción competencial presentada por el alcalde encargado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, de Renovación Popular, contra el Jurado Nacional de Elecciones introduce un factor de presión sobre el sistema electoral que traslada al Tribunal Constitucional una controversia que toca el corazón mismo de la endeble democracia.
Lo más preocupante es que la gravedad del hecho supera el plano procesal. El país presencia un intento de desplazar hacia la justicia constitucional una materia cuya conducción pertenece únicamente al árbitro electoral. Ese movimiento altera el equilibrio de competencias previsto por la Constitución y afecta un principio esencial del Estado de derecho en el que cada órgano ejerce atribuciones propias dentro de límites definidos por la ley. En este caso, una municipalidad no tiene nada que ver con el sistema electoral.
La demanda aparece, además, en un clima político cargado por una narrativa persistente de fraude, sostenida precariamente por Rafael López Aliaga. Durante meses, sectores de poder han impulsado campañas orientadas a erosionar la confianza ciudadana en los organismos electorales. La acción presentada por Reggiardo se inserta dentro de esa secuencia.
En ese sentido, ahora el centro de la discusión está en el TC. No obstante, preocupa que sea ese mismo colegiado, quien tiene un historial de sentencias que ha modificado equilibrios entre poderes, debilitando contrapesos e incluso desacatando sentencias internacionales de derechos humanos.
Por eso, el problema supera la sola existencia de la demanda. El punto crucial reside en el destino de esa acción y en la señal que emita el tribunal. La admisión a trámite abriría un cauce de judicialización sobre una materia electoral en pleno desarrollo de la segunda vuelta que el país no necesita.
El Estado de derecho reclama una respuesta clara. La Constitución asigna al sistema electoral autonomía, competencia y autoridad para resolver controversias propias de su ámbito. Hoy el TC carga con una responsabilidad de primera orden. Su papel exige un gesto de contención institucional que no rompa, ahora sí, totalmente, el orden democrático.