Abogado y politólogo. Egresado de la UNMSM, Magíster en Ciencias Penales y candidato a Doctor en Filosofía (UNMSM). Profesor en la USMP y UNMSM. Director del Portal de Asuntos Públicos Pata Amarilla.

Trump y el Perú. País escogido y aludido

La militarización de la relación bilateral introduce el Perú en la Nueva Guerra Fría, un borrascoso cuadro en el que la actitud errática de la administración Trump no garantiza alianzas duraderas.

Entre las relaciones que EE. UU. mantiene en América del Sur, es probable que la más discreta sea con el Perú. No estoy seguro que esto se deba a la indiferencia o al sigilo, aunque podrían ser ambas razones, es decir, una transición en la mirada al Perú considerando nuestra condición de país con amplia inversión China, poderoso exportador de cocaína y propietario envidiable de recursos naturales.

Para ser precisos, se trata de la transición hacia la subordinación. EE. UU. menciona al Perú con recato, en tanto da la impresión que por ahora se le pide menos que a otros países. No obstante, dos movimientos recientes sobresalen:  la intención de designar al Perú como Aliado Principal No Miembro de la OTAN, un estatus que en la región lo tienen Argentina, Colombia y Brasil; y el anuncio de la venta/ayuda militar al Perú para la construcción de la nueva Base Naval de Callao por 1,500 millones de dólares.

La concesión al Perú del título de aliado extra OTAN implica en el papel la facilitación de transferencia de tecnología y puesta en marcha de cooperación vinculada a la defensa, con especial énfasis en el incremento de compras militares, más fácil endeudamiento con ese propósito, programas de entrenamiento, aunque en el contexto actual se trata de un alineamiento geopolítico.

La nueva Base Naval del Callao ubicada a 55 km. del Puerto de Chancay concesionado a China incluye un proyecto para liberar en etapas más de 35 Has, propiedad de la Marina de Guerra del Perú a ser concesionadas a un nuevo operador portuario. Para la Agencia de Cooperación para la Defensa de EE. UU. la razón literal de este acuerdo que se regirá por la modalidad de Foreign Military Sales, de gobierno gobierno, es su utilidad a los objetivos de política exterior de EE. UU. “al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante que impulsa la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”.

Ambos anuncios resumen la tendencia a transformar las relaciones bilaterales hacia la cooperación militar estrecha y subordinada. Pretenden la integración del Perú en el esquema militar más íntimo de Washington en la región, un papel donde ser socio no implica una relación de ida y vuelta. Solo habría que mirar a otros países extra OTAN cercanos a Washington -Israel, Jordania, Egipto, Japón o Corea del Sur- en los que la relación militar condiciona la política y la economía.

La militarización de la relación bilateral introduce el Perú en la Nueva Guerra Fría, un borrascoso cuadro en el que la actitud errática de la administración Trump no garantiza alianzas duraderas. Ahora mismo, ni la pertenencia de EE. UU. a la OTAN es segura.

La tendencia a la militarización de la relaciones convive con flancos vulnerables que ahora importa poco, pero que Washington podría usar en el futuro si nuestro país no se muestra dispuesto a abjurar de sus relaciones comerciales con otras potencias. Lo que se atribuye actualmente a Colombia y México -complicidad con las bandas de narcotraficantes- podría ser aplicable al Perú que muestra menos avances en la lucha antidrogas que los otros países productores de cocaína, Colombia y Bolivia. En el relato norteamericano, el Perú no es un país mencionado, pero sí aludido

Aunque en menor dimensión que Colombia, entre 2014 y 2023 el Perú más que duplicó el número de hectáreas de coca, de 42 mil 92 mil. Los cultivos ilícitos se extendieron en la última década de 12 valles cocaleros a 24, y el narcotráfico ha instalado nuevos “dorados cocaleros” como en Inambari-Tambopata (10 mil Has.). El Perú produce alrededor de 800 toneladas de cocaína por año, de las que decomisa poco más de 50, casi el 7 %, el porcentaje de decomiso más bajo en la región. Podría decirse que entre los países de América del Sur, el Perú es uno de los que exhibe más fracasos en la lucha antidrogas.

Otro flanco vulnerable es la penetración del narcotráfico y del crimen en la política y en las fuerzas del orden. No llegamos a tener narco presidentes como Honduras y Panamá, pero tenemos un sistema dúctil a la legislación a favor del crimen -ahí están las leyes pro crimen y los abogados pro crimen que las defienden- y un fenómeno preocupante de integración vertical de las economías criminales que cuentan con la indiferencia del Estado cuando no con su complicidad.

La integración peruana en la Nueva Guerra Fría desde la subordinación militar no parece ser una excepción, sino el ensayo en un país escogido. También es un ensayo la incertidumbre interna. El relato de la cancillería peruana y de algunos líderes empresariales es inocente y pragmático resumido en la idea de “EE. UU. es nuestro socio político tradicional y China es nuestro socio comercial”. Es obvio que así no funcionan las relaciones internacionales actuales. No se puede separar la geopolítica de los mercados y transferir a las relaciones internacionales la idea de las cuerdas separadas.

Solo habría que revisar la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. presentada en diciembre pasado, y el Documento sobre la política de China hacia A. Latina y el Caribe también presentado en diciembre, para concluir que la cautela y la prudencia, que son bienvenidas, no son equivalentes de ambivalencia.

La Estrategia norteamericana expone su unilateralismo radical. Apunta a militarizar las relaciones políticas y comerciales. Sus propósitos no son ambiguos; señala que la región debe alejarse de China y propone como eje de sus relaciones con A. Latina el control de EE. UU. de los recursos naturales, especialmente energéticos y mineros. Este enfoque es un veto al comercio, un veto político de primer orden que anula la soberanía latinoamericana y que una relación militar como la que se propone con el Perú ayudaría a enhebrar. De ahí a imponer topes a las exportaciones o gravar con aranceles los suministros que salen del Puerto de Chancay hay un pequeño paso.

El Documento de China es poco comentado. Asentado en la defensa del multilateralismo, se ubica y habla desde el Sur Global. Propone cuatro iniciativas globales, desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza. Para concretarlas plantea un trabajo conjunto en inteligencia artificial, telecomunicaciones, ciudades inteligentes, economía digital, transición energética, energías renovables y procesamiento de minerales. A diferencia de EE. UU. propone una relación interdependiente con la región sin políticas de fuerza y vetos. Es cierto que con esta estrategia China pasa de la relación comercial a la influencia estructural.

EEUU necesita implementar el Corolario Trump de modo que pueda al mismo tiempo impedir o expulsar de la región a otras potencias y actuar discrecionalmente -impedir y hacer- con menos disonancia. Si antes de la intervención militar en Venezuela, EE. UU. presionó a Panamá para retirar a las empresas chinas, a Argentina y Honduras para que voten por sus candidatos e impuso sanciones a Brasil a favor de Bolsonaro, precisa ahora de políticas regionales más acompasadas. De eso trata su unilateralismo en A. Latina, de organizar la ilegalidad.

La apertura comercial y política del Perú es difícil de ser revertida, salvo que se haga del poder en las próximas elecciones una administración radical conservadora y soberanista que provoque una hecatombe política y económica. Aún así, será difícil desandar el camino. China es en los últimos 11 años nuestro principal socio comercial. Sin considerar la inversión en el mercado nacional, el Perú envía a China el 32 % de sus exportaciones e importa el 29 % de su volumen de importaciones, en tanto a EE. UU. exporta el 13 % e importa el 19 %. Aunque no se trata solo de China; el país ha desarrollado en los últimos años un creciente comercio con la Unión Europea, India, Indonesia y Tailandia.

El reto de Washington es construir una relación de dependencia de A. Latina. La oferta para lograr ese propósito no pasa por la democracia y la legalidad.  La oferta impone un acompañamiento riesgoso. El reciente conflicto entre Ecuador y Colombia, desatado por Noboa al imponer aranceles tipo Trump a Colombia y la respuesta que recibió indican que en esta hora hay un modelo de gobernante latinoamericano ideal para Washington.

Juan De la Puente

La mitad más uno

Abogado y politólogo. Egresado de la UNMSM, Magíster en Ciencias Penales y candidato a Doctor en Filosofía (UNMSM). Profesor en la USMP y UNMSM. Director del Portal de Asuntos Públicos Pata Amarilla.