La depredación legalizada
Fujimorismo pretende construir narcocarreteras con recursos de todos los peruanos.
En los últimos años, vastas extensiones del territorio amazónico han sido sometidas a una devastación silenciosa. La minería ilegal, el narcotráfico, y la tala indiscriminada son reconocidas por organismos internacionales y por supuesto por sus propios habitantes como las principales actividades que amenazan la vida en él.
Al respecto es fundamental recordar que este es un ecosistema cuya riqueza sostiene no solo al Perú, sino al equilibrio climático global. Se trata de un bioma que concentra cerca del 10% de la biodiversidad de todo el planeta el cual está siendo depredado sin limitaciones.
Esta erosión, que puede ser entendida en parte como respuesta de cierta audacia criminal, es también el resultado directo de la incapacidad histórica del Estado para penetrar su propio territorio con proyectos que lo conecten adecuadamente, y que paralelamente garantice su conservación y protección a las poblaciones que lo habitan.
La ausencia estatal ha permitido una colonización fragmentada y persistente por parte de actores ilegales que operan con una impunidad casi absoluta.
En este contexto, un reportaje difundido por Epicentro documenta el avance de las redes criminales en Ucayali. Además, evidencia cómo ese avance encuentra hoy un correlato directo en decisiones políticas adoptadas desde Lima.
El caso más grave es el proyecto para construir la carretera UC-105, una vía cuyo trazado coincide peligrosamente con rutas ya empleadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico y al tráfico de madera y oro que evade el Estado. La iniciativa ha sido suscrita por congresistas de Fuerza Popular, el mismo bloque que ha promovido medidas que, lejos de fortalecer el Estado, han terminado debilitando su capacidad regulatoria.
Desde la ampliación permanente del REINFO, que pospone la reforma minera como cause del problema de administración de recursos frente a la amplia desigualdad, hasta el sabotaje de herramientas esenciales como la verdadera extinción de dominio, indispensable para desarticular patrimonios ilícitos, como por ejemplo, en procesos judiciales contra narcotraficantes.
Si este tipo de proyectos de conectividad territorial no son acompañados con políticas públicas que garanticen la presencia fuerte de instituciones estatales, la amenaza está cantada. Un proyecto de infraestructura vial que puede traer beneficios para los pueblos locales puede tornarse, en pocas palabras, en la institucionalización de la depredación.
Estos intereses sin duda intentarán penetrar en los próximos comicios con sus aliados de siempre. Depende de los peruanos detectarlo y evitarlo con un sufragio consciente.