El parlamentarismo de facto digita el gobierno
José Jerí enfrenta presiones de quienes lo pusieron en la Presidencia de la República.
Desde 2016, el Perú ha sido sometido a la deformación arbitraria del sistema de gobierno en manos de mayorías parlamentarias de carácter autoritario y conservador. Se trata del cambio del régimen presidencialista que ha tornado hacia un esquema centrado en un Parlamento que coacta constantemente a los demás poderes del Estado.
Como muestra, vemos cómo desde la gran hegemonía congresal que obtuvo el fujimorismo en ese accidentado año electoral hasta las mayorías legislativas que se han conformado a partir de pactos entre coaliciones de bancadas han abusado del poder poniendo contra la pared a los presidentes elegidos democráticamente. Son los mandatarios lo que se ven obligados a negociar con facciones que actúan al margen de la voluntad popular. Este sistema híbrido sentó las bases de la crisis que sufre el país en la actualidad.
Entre 2021 y 2025, los polos políticos que hoy sostienen la coalición congresal —Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón— demostraron que podían operar sobre la presidencia sin asumir los riesgos de gobernar. En la periferia orbitan figuras como Rafael López Aliaga y los remanentes de bancadas menores —Avanza País, Podemos y Somos Perú—, que hipotecan sus votos a cambio de favores políticos que no son prioridades públicas.
Durante ese periodo, la presidencia fue constantemente cooptada, negociada y fragmentada, mientras la ciudadanía asistía impotente a la normalización del clientelismo y la impunidad.
La vacancia de Dina Boluarte solo ha continuado esta lógica. Apenas horas después de su salida, los mismos actores se lanzaron a disputar el control del nuevo Gobierno. En ningún momento hubo vacío de poder. Al contrario, los peruanos observan la pugna inmediata entre bancadas que, durante más de nueve años, han aprendido a gobernar sin ganar elecciones.
El Gobierno interino de José Jerí se ha convertido en una nueva oportunidad para repetir patrones antidemocráticos sin ningún rubor. Por ello, vale advertir algunas amenazas democráticas. A corto plazo, la cooptación desesperada del Gobierno de Jerí puede perpetuar interinatos marcados por clientelismos dominados por los partidos descritos anteriormente. A largo plazo, corre el riesgo de institucionalizarse como norma, sin mecanismos de control efectivos.
El desafío es político y ético. Superar esta crisis exige ejercer ciudadanía. Es decir, protestar pacíficamente, votar con conciencia y exigir la separación real de poderes. Solo así se podrá impedir que los responsables de esta captura antidemocrática sigan reteniendo el poder en 2026.