Más allá del reconocimiento de Palestina por Sebastien Adins

En la última semana, diez países –entre ellos Australia, Canadá, Francia y el Reino Unido– anunciaron su reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Con ello, ya son 157 los Estados miembros de la ONU que han dado este paso, incluido el Perú desde 2011. El reconocimiento británico fue calificado por varios analistas como un gesto simbólico, dada la enorme responsabilidad histórica de Londres en la cuestión palestina. No obstante, fue el discurso del presidente francés Emmanuel Macron ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) el que acaparó la mayor atención mediática. Cabe recordar que, a fines de julio, Francia coorganizó con Arabia Saudita una conferencia internacional que concluyó con la adopción de la llamada Declaración de Nueva York. Este documento reafirma la necesidad de avanzar hacia una solución biestatal basada en la creación de un Estado palestino “soberano, unificado y económicamente viable, que conviva con Israel en paz y seguridad”.

En concreto, estipula que, tras un alto al fuego en Gaza, un comité de transición administrará la Franja bajo la égida de la Autoridad Palestina (AP) hasta la celebración de elecciones democráticas en todos los territorios palestinos –Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental–. Paralelamente, una misión de estabilización de la ONU tendría el mandato de proteger a la población civil y supervisar el cumplimiento del alto al fuego. El plan también exige que Hamás entregue sus armas a la AP. Finalmente, hace dos semanas la AGNU aprobó esta iniciativa con amplia mayoría: solo Estados Unidos, Israel, Hungría, Argentina, Paraguay y cinco microestados votaron en contra. Días después de la votación, una comisión independiente de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe en el que concluye que Israel ha cometido cuatro de los cinco actos tipificados como genocidio en la Convención de 1948.

Evidentemente, este reporte, la reciente ola de reconocimientos y la mencionada votación refuerzan el creciente aislamiento diplomático del gobierno de Netanyahu –y de los pocos aliados que aún le quedan– a nivel internacional. En este sentido, la retirada de decenas de delegaciones durante la inauguración de la octogésima AGNU, cuando el primer ministro israelí tomó la palabra, resulta sintomática. Sin embargo, al mismo tiempo, queda claro que los últimos acontecimientos no acercan necesariamente un arreglo pacífico de la cuestión palestina.

Antes que nada, en repetidas ocasiones esta semana, el propio Netanyahu ha reiterado que no habrá un Estado palestino “al oeste del Jordán”. En ese marco, equiparó tanto a la AP como al pueblo palestino en su conjunto con el terrorismo, al afirmar que un 90 % de los palestinos celebró el atentado de Hamás de octubre de 2023. Al mismo tiempo, criticó a los Estados que recientemente reconocieron a Palestina por haber “recompensado el asesinato de judíos”, y acusó a sus líderes de carecer del coraje para “enfrentarse a una prensa hostil y a una turba antisemita que exige sangre israelí”.

Más allá de la retórica, el gobierno israelí acaba de aprobar el proyecto “E-1”, con el cual Jerusalén Oriental quedaría desconectada de Cisjordania, de hecho, fragmentando aún más el principal territorio palestino. A su vez, el polémico ministro Smotrich llegó a plantear una eventual redistribución con Estados Unidos de las ganancias obtenidas por la “venta” de la Franja de Gaza, tratándola como un bien inmobiliario, en sintonía con el proyecto “Riviera” de Trump. Con todo, el creciente aislamiento internacional no ha conducido a una moderación, sino a un tono cada vez más agresivo y a una posición más intransigente de Israel respecto de la cuestión palestina.

Por otro lado, pese al creciente descontento hacia el gobierno –el más radical desde la independencia en 1948– en ciertos sectores de la sociedad israelí, nada garantiza una eventual victoria de la oposición en las elecciones previstas para el próximo año. Netanyahu, con casi tres décadas de trayectoria, ha demostrado ser un verdadero maestro en el arte de la supervivencia política. Conviene señalar que, aunque desde finales de 2023 Israel ha sido escenario de protestas casi diarias para exigir la liberación de los rehenes aún en manos de Hamás, la movilización en torno al cese de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad israelíes ha sido mucho más limitada. Según las últimas encuestas, menos de una cuarta parte de la población israelí continúa respaldando la solución de dos Estados.

En segundo lugar, la Declaración de Nueva York presenta serias falencias, comenzando por la ausencia de una hoja de ruta clara que trace el camino desde la situación actual –con un 85 % de la Franja de Gaza y un 82 % de Cisjordania bajo control militar israelí– hacia la eventual creación de un Estado palestino. Por ejemplo, no aborda cuestiones esenciales como el futuro de los 700 mil colonos israelíes que residen en Territorio Palestino Ocupado –¿serían evacuados?– ni el estatus de los más de cinco millones de refugiados palestinos. Asimismo, aunque se contempla la celebración de elecciones democráticas para la AP –las primeras en dos décadas–, dicha institución, dominada por Fatah, ha perdido gran parte de su legitimidad popular a raíz de sus prácticas clientelistas, la extendida corrupción y su complacencia frente a las políticas de Israel. De allí surge el deseo, compartido por una mayoría de palestinos, de contar con una “tercera vía” más allá de Hamás y Fatah.

Por último, resulta cuestionable que se exija la exclusión político-electoral de Hamás mientras no se plantea, en paralelo, la ilegalización de partidos israelíes extremistas y cómplices del genocidio en Gaza, como el Partido Sionista Religioso de Smotrich u Otzma Yehudit, liderado por el ministro Ben-Gvir.

Así las cosas, el reconocimiento de Palestina como Estado, impulsado por la creciente presión de la opinión pública, no altera nada sustancial sobre el terreno, al menos en el corto plazo. De hecho, tras dos años de horror en Gaza, más allá de algunas sanciones selectivas contra individuos o entidades vinculadas con la violencia de colonos extremistas en Cisjordania y de embargos de armas, ninguno de los Estados occidentales mencionados ha adoptado medidas contundentes capaces de forzar un cambio en la política israelí. Ello responde, en parte, al temor de ser acusados de antisemitismo, a intereses estratégicos más amplios o, en el caso de la UE, a la exigencia de unanimidad para la imposición de sanciones.

Al mismo tiempo, los palestinos tampoco pueden esperar un respaldo significativo desde el mundo árabe, donde, más allá de las condenas por el reciente ataque israelí contra un complejo en Doha, predomina el silencio. En conjunto, todo ello hace que la solución de dos Estados parezca hoy más lejana que nunca.