La propuesta de El Frontón busca engañar a los peruanos
El Gobierno de Dina Boluarte ha decidido apostar por el espectáculo en lugar de la eficiencia.
De acuerdo con el exjefe del INPE, Javier Llaque, el proyecto del gobierno para construir una cárcel en la isla chalaca de El Frontón, podría costar hasta 5,000 millones de soles.
Si se considera la complejidad logística de levantar una infraestructura penitenciaria en un islote rocoso y la reducida capacidad de aforo con la que se contaría en dicha cárcel, es fácil llegar a la conclusión de que se está frente a un proyecto a todas luces ineficiente. Ha sido la propia institución penitenciaria quien se pronunció en contra de dicha construcción por lo oneroso que significaría dicho gasto solo para albergar a 108 reclusos.
No deja de llamar la atención que en el país existan cinco penales con construcciones paralizadas —en Ica, Arequipa, Cajamarca y Loreto— que podrían habilitarse con apenas 27 % del costo proyectado para El Frontón, es decir, con poco más de 1,350 millones de soles. Al respecto, el INPE ha afirmado que resultaría una mejor inversión financiar 4 proyectos que impliquen menos gasto y que albergue a, al menos, 14,335 internos.
Terminar estas obras no solo ampliaría de manera inmediata la capacidad del sistema penitenciario, sino que ofrecería una solución concreta al hacinamiento en los penales del país.
Y es que la razón va más allá de la ineficiencia de la propuesta carente de análisis costo-beneficio serio. Esta iniciativa de más discutida en las últimas décadas en el país tiene, principalmente, un objetivo distractor sobre lo que realmente viene ocurriendo en la política peruana.
La actuación del ministro con carpetas fiscales abiertas, Juan José Santiváñez, y su mal manejo de la cartera de Justicia y sus responsabilidades en la inseguridad en el país desde el Ministerio del Interior, es un hecho que tiene trascendencia directa en la conducción del Estado peruano.
De manera paralela, la presidencia en concubinato con la coalición autoritaria parlamentaria ha sido explícitos en su intención antidemocrática de denunciar el Pacto de San José y retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo ejemplos lamentables de dictaduras de la región como Venezuela y Nicaragua.
En pocas palabras, además de la ineficiencia que demuestran, intentan ocultar sin éxito los actos políticos que quieren seguir tomando por asalto al país.
Una vez más, la prioridad del gobierno se centra en una torpe gestión mediática y que, muy a pesar de los esfuerzos de algunos pillos en el poder, los peruanos reconocen como farsas.