¡Que no quede huella!, por Marianella Ledesma

¡Aquí está la prueba! Es el título de una de las acuarelas a través de la cual el pintor Teodoro Núñez Ureta nos comparte su mirada sobre los abogados ante los estrados judiciales, recurriendo a la prueba para demostrar sus afirmaciones o refutar la tesis del adversario.

La prueba es la columna vertebral de cualquier discusión jurídica, pues se parte del siguiente aforismo: “quien afirma un hecho tiene que probarlo”. Eso lo conoce todo abogado dedicado al litigio; por ello, resulta preocupante lo que informa el semanario Hildebrandt en sus Trece, N.º 745, en relación con la Junta Nacional de Justicia: “se han desaparecido 1,200 documentos digitales que tienen que ver con el juicio de Keiko Fujimori, las investigaciones sobre Patricia Benavides y las denuncias contra magistrados vinculados al caso Cuellos Blancos. El borrado se hizo con premeditación y desde dentro de la JNJ”.

La sustracción de la prueba en los litigios es una vieja práctica delincuencial para debilitar las afirmaciones que sostiene el adversario. Por decir, cuando una persona afirma que ha sido estafada con un cheque sin fondos, presenta el cheque como prueba y este es insertado en el expediente; sin embargo, algunos avezados litigantes buscan robarla o desaparecerla. Otros mutilan, destruyen o desaparecen la prueba para evitar demostrar con alguna evidencia su conducta criminal.

Otros, incluso más intrépidos, se robaban el expediente o hacían que este se traspapelara o apareciera en el archivo de otro juzgado. En fin, la imaginación para el mal es bastante creativa. Pero, ¿qué se busca con ello? Debilitar la tesis del adversario o paralizar el proceso, ganar tiempo, dilatar el debate, pues sin expediente no es posible continuar con el trámite hasta que se indague: ¿dónde estará el expediente? ¿Se habrá perdido o traspapelado? Esta práctica ha provocado que se dicte una serie de directivas en cada Corte de Justicia del país en los casos de pérdida o extravío de expedientes judiciales y/o administrativos.

Luego de una investigación sumaria, se procede a recomponer el expediente, no siempre con éxito, pero se logra ganar tiempo en la discusión jurídica. El tiempo tiene una implicancia directa en el derecho discutido, pues puede generar el efecto de la prescripción, esto es, mandar al archivo los casos.

En el mundo jurídico hay abogados y abogados, como en toda profesión u oficio. Algunos utilizan su profesionalismo al servicio del hampa, pues sostienen que no se puede negar el servicio a los clientes y que se tiene libertad para elegir a quien se asiste en la defensa. No solo se construyen argumentos a favor de clientes criminales —pues, como dicen, para eso se han formado en la universidad, para defender incluso hasta lo indefendible—, pero en la vereda del frente también hay otros abogados que ven a la profesión como un instrumento de reivindicaciones jurídicas y composición de conflictos. En el mercado laboral, cada profesional tiene su marca, su especialización según el tipo de clientes que defiende; dime a quién defiendes y te diré quién eres, diría Lucifer, buscando un abogado frente a la paralización de los fogoneros en el infierno.

Desaparecer las pruebas que incriminan la responsabilidad de quien se quiere defender es una vieja modalidad que también se extiende a los expedientes administrativos para ocultar concursos “truchos”, por ejemplo, y privilegiar a determinados postulantes; o árbitros que hacen desaparecer el expediente arbitral en el que se han realizado actos fraudulentos, lo que ocurre en el caso de arbitrajes no institucionalizados.

La actividad delincuencial busca no dejar huella en el camino, borrar las evidencias que le puedan incriminar. La prueba es el elemento central de cualquier debate; sin ella, no se asegura el éxito de lo que se reclama. La información que comparte H13 constituye una raya más al tigre de esa institución llamada Junta Nacional de Justicia (JNJ). Justo se han desaparecido documentos vinculados al caso Keiko Fujimori, Patricia Benavides, el caso Cuellos Blancos, entre otros.

Son documentos digitales cuyo borrado se ha realizado con premeditación. ¿No hubo casualidades en la selección de lo que se borraba? Esa mano que hizo esa selección venía desde dentro de la JNJ, dice el Semanario H13.

No se puede negar que el solo hecho de haber borrado esa información dilatará las investigaciones administrativas en dicha institución a favor de los investigados y debilitará las imputaciones que se quieran construir sobre jueces y fiscales por inconducta funcional.

La demora en reconstruir la información borrada pasará la factura al plazo legal con que se cuenta para ello, y el veredicto final en esa institución será la impunidad (por falta de pruebas) o la prescripción (por el transcurso del tiempo en la investigación disciplinaria y la recuperación de la información borrada).

Me pregunto: ¿habrá algún funcionario que asuma la responsabilidad de lo realizado? ¿Se determinará quién borró la información? Tengo mis dudas. La decisión y el proceder asumidos por funcionarios como Cabrera, Chanduví, De la Puente, Galindo, Ríos y Serkovic, en la reposición de Patricia Benavides, y el “coincidente” —o, mejor dicho, selectivo— borrado de información sobre las investigaciones de Patricia Benavides y las denuncias contra magistrados vinculados al caso Cuellos Blancos, sustentan mi duda de que se haga algo al respecto. ¡Ojalá me equivoque!

No me llama la atención que la criminalidad haya tomado la JNJ; ya lo hizo en su anterior conformación (Consejo Nacional de la Magistratura). Tampoco me llama la atención verlos caminar con “lentes oscuros, para que no sepan qué están mirando”, ni mirarlos “con un diente de oro que, cuando ríen, se ve brillando”, pero que además vayan cantando, al son de Rubén Blades, coros como “el fin justifica los medios”.