La descentralización: promesa trunca, por Koki Noriega Brito

Por Koki Noriega Brito, gobernador regional de Áncash y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)

Durante la última sesión del Consejo de Estado Regional, los gobernadores del país expresamos un profundo malestar ante la propuesta de crédito suplementario presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas. De más de 600 millones de soles, apenas seis millones —es decir, solo el 1 %— están destinados a las regiones. ¿Qué criterio técnico avala esa exclusión? ¿Qué lógica justifica dejar en pausa más de 4,500 obras que hoy podrían estar generando empleo, dinamizando economías locales y cerrando brechas históricas?

Esta decisión no solo es financieramente inaceptable, refleja una visión centralista que sigue viendo a las regiones como actores menores, con una mirada lejana y desinteresada.

Por eso afirmamos que la descentralización, iniciada formalmente en 2002, aún no se ha consolidado. Sigue siendo una promesa incumplida. Las regiones continuamos sin competencias reales, sin recursos suficientes y, lo más grave, sin respeto institucional. ¿Cómo puede funcionar un sistema en el que los gobernadores regionales debemos hacer cola para hablar con un ministro que no responde llamadas? ¿Cómo exigir resultados si no se nos transfiere ni presupuesto ni capacidad de decisión?

En Áncash, por ejemplo, a pesar de los obstáculos, estamos avanzando. Hemos pasado del puesto 12 al 10 en el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2025, recuperando institucionalidad y fortaleciendo la gobernabilidad.

Del mismo modo, gracias a un trabajo sostenido por recuperar el buen uso de los recursos públicos, logramos descender significativamente en el Índice de Riesgos de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO); pasamos de ocupar el primer lugar en 2022 a no figurar dentro de las entidades más corruptas en el ránking 2024. Este avance no solo representa un cambio en las cifras, sino una muestra concreta de que es posible gobernar con transparencia y recuperar la confianza de la ciudadanía. Afortunadamente, muchos otros gobiernos regionales también están siguiendo este camino, apostando por una gestión íntegra y comprometida con sus pueblos.

Obras de gestión público–privada tangibles, como el aeropuerto de Anta, Germán Arias Graziani, en cuyo primer año de reactivación de vuelos comerciales ha permitido la llegada de más de 50 mil turistas, representando un desembolso aproximado de 78 millones de dólares para la región. Otros proyectos como el hospital Víctor Ramos Guardia, la carretera Yungay–Llanganuco y el puerto internacional de Chimbote también son parte de un trabajo técnico enfocado en el beneficio de todos los ciudadanos.

Sin embargo, estos avances —como los de muchas regiones— corren el riesgo de estancarse por culpa del centralismo burocrático. Para usar el agua de nuestros ríos, iniciar una obra pública o aprobar un expediente técnico, debemos pedir permiso a Lima. Las OPD, que deberían ser aliadas, actúan como frenos. Entidades como la ANA, la Dirección Desconcentrada de Cultura, el SERNANP o el OEFA siguen bajo el control del Gobierno central, pese a que son claves en la emisión de informes para ejecutar proyectos. Esta dependencia provoca retrasos de hasta seis o siete meses. Por eso, reiteramos un pedido básico: transferir a las regiones las competencias acompañadas de presupuesto, personal y autonomía. No queremos seguir mendigando permisos para gobernar.

Desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), hemos construido una propuesta técnica, viable y urgente para reactivar la inversión pública, fortalecer la descentralización y acelerar el desarrollo de nuestras regiones. Esta agenda tiene cuatro ejes centrales:

1. Incremento del Presupuesto de Inversiones 2026.

Propusimos al gobierno central aumentar el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2026 en al menos un 30 % respecto al PIA 2025, sin considerar saldos de balance. Las regiones necesitamos cerrar brechas sociales con mayor velocidad. Nos encontramos en el último año de gestión: queremos cerrar este ciclo con indicadores claros de mejora en desarrollo humano y calidad de vida.

2. Flexibilización de la norma del FONCOR.

Proponemos que las inversiones sean consideradas como Inversiones de Impacto Regional (IIR) si cumplen al menos dos de los tres criterios establecidos actualmente. Esta propuesta tiene respaldo técnico y se basa en la experiencia positiva del Decreto Supremo N.º 038-2022-EF. Con ello, mejoraríamos la ejecución del gasto, aceleraríamos la inversión y fortaleceríamos la descentralización con pertinencia territorial.

3. Reactivación inmediata de obras paralizadas.

Muchas de estas obras están ya identificadas en el Banco de Inversiones y contempladas por la Ley N.º 31589. Cuentan con expedientes listos y diagnósticos situacionales. Lo que falta no es capacidad técnica, sino voluntad política y recursos.

4. Cumplimiento de acuerdos en Consejos de Estado Regional (CER).

Durante el V CER en Arequipa y el VII CER en Ica se pactó la nivelación del Presupuesto de Inversiones 2025 respecto al del año anterior. No podemos aceptar una reducción presupuestal frente a demandas crecientes de la población.

Estas propuestas no nacen del capricho. Surgen de la urgencia de cientos de comunidades que exigen respuestas. En regiones como Loreto, por ejemplo, miles de peruanos siguen viviendo sin electricidad, a pesar de que existen soluciones viables ya identificadas. Entonces, ¿cuántos años más vamos a sacrificar el bienestar de millones por la inercia del centralismo?

Otro punto crítico es la exclusión de los gobiernos regionales de la mesa de trabajo para la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal. No hemos sido convocados, a pesar de que estas prácticas se desarrollan en nuestros territorios. Desde la ANGR hemos enviado una carta al presidente del Consejo de Ministros solicitando que se incorpore a los gobiernos regionales en esta discusión. Solo así podremos construir soluciones adecuadas, acordes a la realidad de nuestras regiones.

No destruyamos lo que tanto ha costado construir. Las regiones no somos incompetentes. Somos el motor que aún mantiene al país en pie.

La descentralización también requiere modernizar el Estado desde sus bases. Urge repensar el rol de los ministerios y sus órganos desconcentrados, que hoy duplican funciones, retrasan decisiones y generan conflictos de competencias. Necesitamos un rediseño institucional que permita trabajar de manera articulada, ágil y eficiente.

Hoy el Perú no necesita más discursos sin consecuencias, necesita hechos concretos. Requiere una verdadera voluntad política para corregir lo que no funciona y fortalecer lo que sí. Y, sobre todo, necesita una visión de país que comprenda que el desarrollo no puede estar concentrado en una sola ciudad.

Insisto: el éxito de las regiones es el éxito del Perú. Y si el Perú quiere avanzar de verdad, tendrá que hacerlo desde sus regiones.