Gobierno de Boluarte y FFAA copian el modelo fujimontesinista

En los últimos meses se han conocido casos que involucrarían contratos cuestionables durante la gestión de Dina Boluarte. De acuerdo con información publicada por la Unidad de Investigación de La República, la Oficina de Control Institucional del Ejército Peruano (OCI-EP) ha emitido alertas sobre contrataciones millonarias de la institución militar para reparar helicópteros de fabricación rusa.

Estos contratos se realizaron sin licitación ni concurso público. Entre los implicados en estas ejecuciones presupuestarias, figuran el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general David Ojeda Parra; el comandante general del Ejército, general de división César Briceño Valdivia; y el jefe del Estado Mayor, general Oswaldo Calle Talledo.

El problema central radica en la sobrevaloración de los montos desembolsados por el Estado peruano —en este caso, a través del Ejército— hacia dicho centro, el cual no cuenta ni con licencia del fabricante ruso ni con certificaciones válidas para la supuesta rehabilitación de motores.

Según diversas fuentes, lo que debió ser una compra de nuevas flotas terminó siendo una simple reparación, llevada a cabo exclusivamente por empresas presuntamente recomendadas por el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.

Paralelamente, también se ha revelado que la Policía Nacional habría recibido más de 7.000 fusiles, pero sin municiones. El autor de esta cuestionada compra es el extitular del Interior —y hoy considerado ministro en las sombras— Juan José Santiváñez. De manera similar, sin proceso de licitación, se adquirieron miles de fusiles israelíes por un valor que supera el 46% al estudio de mercados realizado previamente.

Estos patrones conducen a pensar en posibles procesos de corrupción similares a los ocurridos durante la dictadura fujimorista de los años 90, cuyo legado incluye condenas a malas exautoridades militares, hoy en prisión o prófugos de la justicia.

En todos estos casos, se observa un denominador común: la opacidad en los procesos de verificación y control del Gobierno, lo que aleja cada vez más a la gestión pública de los principios de transparencia.