Los hermanos ecuatorianos acuden hoy a las urnas para elegir presidente. Se abre un nuevo capítulo político para un país envuelto en problemas de seguridad, con un desborde de delincuencia que amenazó tomar las riendas del país y con muchas denuncias por violación de derechos humanos, cometidos durante el periodo de excepción con el que se quiso controlar el ciclo de violencia.

A cargo de ese tránsito hacia mayor seguridad nacional en detrimento de las libertades ciudadanas, ha estado el presidente Daniel Noboa, quien postula a la reelección. Hay que señalar que ha realizado su campaña electoral sin haber abandonado su puesto de jefe de Estado, pese al mandato constitucional que lo prohíbe.

Durante su período de gobierno se ha endurecido la política de mano dura a cargo de las Fuerzas Armadas. Hay denuncias graves como la de los cuatro menores de edad que fueron secuestrados y asesinados en las orillas del río Taura, en la región de Guayaquil. Los niños aparecieron quemados cerca de la base aérea de la zona tras ser detenidos por personal militar.

En medio de la campaña electoral, estos casos no fueron esclarecidos por el candidato y presidente.

En la oposición, se encuentra la candidata Luisa González, por Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. A pesar de la carga que representa la imagen del controvertido político, Luisa es la figura del cambio frente a la propuesta de continuidad de Noboa.

Se trata de una dura confrontación sobre la que existe pronóstico reservado. Hoy conoceremos quién finalmente convenció a los ecuatorianos y les dio mayor perspectiva de futuro, en medio de la aguda polarización en la que se mueve el planeta Tierra.

EDITORIAL

Los ecuatorianos eligen hoy

Comicios para definir el nuevo presidente enfrentan al cambio con la continuidad.

Los ecuatorianos eligen hoy | Editorial

La República

La violencia desmedida que azota al Perú es inaudita. Cada día, seis ciudadanos se convierten en estadísticas de una realidad que se ha vuelto insostenible. Con más de 1.800 homicidios en los 300 días de gestión del ministro Juan José Santiváñez —de los más de 4.000 acaecidos desde que asumió como presidenta Dina Boluarte—, el país se enfrenta a una ola de criminalidad sin precedentes.

Los peruanos, cansados de vivir con miedo, exigen respuestas y soluciones efectivas, pero lo que reciben a cambio son promesas vacías y un juego político que no hace más que profundizar la crisis.

El asesinato del cantante Paul Flores, vocalista de Armonía 10, es solo un eco más de la desgracia a la que está expuesta la ciudadanía gracias a la inoperancia del Gobierno que, como es evidente, no es comandado por la señora Boluarte.

Hay que ser claros: la responsabilidad recae sobre quienes están en el poder. La actual alianza gobernante ha legislado en favor de intereses que no son los de la ciudadanía.

Este trágico evento no solo resalta la fragilidad de la seguridad en el país, sino que también expone la hipocresía de aquellos que, en lugar de buscar soluciones, utilizan la tragedia como un trampolín para capitalizar políticamente.

Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso han pedido la renuncia del ministro Santiváñez, pero su propia inacción y falta de compromiso son evidentes. No solo no firmaron las numerosas mociones de censura que podrían haber contribuido a un cambio, sino que han respaldado de múltiples maneras la gestión de Santiváñez como parte del pacto de gobernabilidad que los peruanos observan esperando las siguientes elecciones.

En un país donde el miedo se ha vuelto parte de lo cotidiano, es inadmisible que se sigan ofreciendo soluciones que ya han demostrado ser ineficaces. Estados de emergencia, uso de fuerzas armadas en funciones policiales y la idea de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos son propuestas que solo perpetúan la crisis en lugar de resolverla.

La desesperación y el abandono a los que han sumido a la ciudadanía no pueden ser subestimados. Ni la presidenta Boluarte ni el ministro Santiváñez ni los congresistas oportunistas podrán lograr que los peruanos olviden la sentencia a muerte a la que los han obligado a vivir.

Alianza gobernante condena a muerte a los peruanos

A pesar de las evidencias que surgen en torno a las intervenciones quirúrgicas de la presidenta Dina Boluarte, ella continúa desmintiendo las acusaciones que la rodean, como si el poder de la negación pudiera borrar las dudas que se han sembrado en la nación.

El reciente escándalo que involucra al cirujano plástico Mario Cabani, quien tras intervenir quirúrgicamente a la mandataria habría solicitado puestos en el Gobierno para sus allegados, es un claro ejemplo de cómo las mentiras tienen patas cortas.

Si bien las pesquisas están en curso, la pregunta que se hace la periodista Doris Aguirre en su reciente reportaje resuena con absoluto sentido lógico: “¿quién tiene la autoridad para imponer a un individuo despedido por ineficiencia en un cargo crucial del Estado?”. La respuesta la tienen todos los peruanos.

Mientras Boluarte intenta minimizar la importancia de estas revelaciones, la ciudadanía observa con escepticismo. La contradicción entre sus declaraciones y las pruebas presentadas por la Fiscalía pretende equívocamente generar una confusión. No obstante, lo que realmente logra es alimentar la desconfianza hacia ella, su Gobierno y los aliados que la apoyan desde el Parlamento.

Sin embargo, no es la primera que lo hace. En 22 de enero, en Davos, en lugar de abordar los problemas apremiantes que afectan al país ante la comunidad internacional, se aferró a un relato que parecía tener como objetivo desviar la atención de las investigaciones de corrupción y de la creciente inseguridad que vive la nación, la cual en el extranjero ya conocen muy bien.

Los peruanos no son ingenuos. La estrategia de Boluarte, basada en la victimización y en respuestas insuficientes, revela una falta de respeto hacia una ciudadanía que clama por respuestas sinceras y acciones concretas. La manipulación de la verdad no es solo un desliz político, sino un atentado contra la confianza pública, que es esencial para la cohesión social.

A medida que la investigación avanza, es fundamental que los ciudadanos mantengan un ojo crítico sobre cómo se desenvuelven estos acontecimientos. La historia reciente de Perú nos recuerda que el poder, cuando se ejerce sin rendición de cuentas, puede degenerar en autoritarismo. Así, la legitimidad de un gobierno no se mide únicamente por su capacidad de gobernar, sino también por su disposición a enfrentar la verdad, por incómoda que sea.

Editorial

Los peruanos no son ingenuos, presidenta Boluarte

En un giro hacia la criminalización de la opinión crítica de los peruanos, el Congreso de la Alianza Gobernante ha impulsado una propuesta legislativa que pretende aumentar las penas por calumnia y difamación, evocando las tácticas de manual de gobiernos autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela.

La reciente aprobación en primera votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 4431/2022 y 6718/2023 no solo representa un ataque directo a la libertad de expresión, sino que también busca intimidar a periodistas y a cualquier ciudadano que se atreva a fiscalizar el poder.

Ha sido la propia Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a otras organizaciones, quienes han expresado su preocupación por el “serio deterioro” de las libertades de prensa y expresión en el Perú.

Este deterioro no es casual, sino el resultado de una estrategia deliberada destinada a amedrentar a los medios de comunicación&nbsp; y a restringir el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Además, la propuesta legislativa introduce cambios arbitrarios, como la reducción del tiempo para atender solicitudes de rectificación a solo un día. Esta medida limita de manera grave el derecho a la defensa y el debido proceso, creando un ambiente donde los medios se ven obligados a ceder ante la presión de las autoridades. La incorporación del delito de violación a la intimidad dentro del ámbito de la difamación es otro intento de silenciar a quienes se atreven a investigar y reportar sobre la corrupción y los abusos de poder.

Esta situación no solo afecta a los periodistas, sino que afecta en todos los ciudadanos, quienes se ven privados del derecho a estar informados y a expresar sus opiniones sin temor a represalias. La iniciativa legislativa, bajo el disfraz de proteger derechos fundamentales, es en realidad un atentado contra la libertad de prensa y un grave riesgo para la democracia en el país.

Esta propuesta, lejos de fortalecer el marco democrático, lo desmantela. La protección de la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales de una sociedad democrática. Cualquier intento de socavar estos derechos debe ser rechazado de manera rotunda en cualquier sociedad que busca libertad y progreso.

La libertad de expresión no es un lujo, sino una necesidad fundamental para el mantenimiento de la democracia y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.

Congreso prepara golpe contra la libertad de expresión

De contrabando, el Congreso de la alianza gobernante aprobó la ley que reforma las funciones de supervisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y busca controlar los gastos de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Con argumentos falsos, el Congreso, en lugar de promover espacios seguros para la sociedad civil ha optado por un camino de censura y persecución. Esta normativa, que cuenta con el apoyo de 81 parlamentarios, no solo pone en riesgo la libertad de asociación de las ONG, sino que también amenaza los derechos de miles de peruanos vulnerables que dependen de su apoyo.

A lo largo de la historia reciente de Perú, las ONG han sido fundamentales en la defensa de los derechos humanos, haciendo un trabajo que, en muchos casos, ha reemplazado la ausencia del Estado en la protección de los ciudadanos más desfavorecidos, como durante los peores momentos del fujimorato.

Sin embargo, la ley recientemente promulgada busca poner un freno a esa labor. Los peruanos deben estar precavidos que las bancadas que respaldaron esta iniciativa de ley fueron Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia. Toda la alianza que gobierna el Congreso y defiende el régimen de Dina Boluarte.

Este es un ataque directo a la libertad de expresión y a la capacidad de las organizaciones civiles para ejercer su función crítica. La ley, en su esencia, no busca transparencia, sino silenciar a quienes incomodan al régimen actual.

Esto ya ocurrió en las hasta ahora dictaduras de Nicaragua y Venezuela, lo que genera pruebas tangibles para estar lo suficientemente alertas ante cualquier acción represiva y violenta contra los ciudadanos que reclaman derechos, no privilegios.

Si bien es un momento crítico, que se da en un momento preelectoral de enorme fragmentación política, la lucha por la justicia y la verdad no se detendrá. Las ONG han demostrado su resiliencia y no permitirán que el miedo y la censura les callen. El Perú necesitará de su voz y de su acción.

Congreso peruano secuestra a las ONG

La negativa de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, de recibir a la misión especial de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) plantea, más que nunca, interrogantes sobre las garantías que ofrece su Gobierno para las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión y de prensa.

Solo tras conocer que la últimamente hostigada presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, suscribiría los pactos de Chapultepec y Salta II, y que ella nunca quiso firmar, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó, a última hora, la aceptación para recibir a la misión internacional.

Este desdén hacia una de las principales instituciones defensoras de la prensa en las Américas no solo refleja una preocupante falta de diálogo con actores clave de la sociedad civil, sino que también envía una señal alarmante sobre la dirección hacia la que podría estar navegando este Gobierno.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet, ha advertido a los peruanos que este tipo de comportamientos son alarmantemente similares a los que se vivieron al inicio de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, donde la libertad de prensa y de asociación fueron cercenadas, desapareciendo hasta el día de hoy cualquier posibilidad de disidencia, crítica y, por supuesto, protesta contra el poder autoritario.

Según el Consejo de la Prensa Peruana, más de 10.000 periodistas, representados por sus medios y asociaciones, han denunciado ante la SIP las agresiones cada vez más graves contra la labor periodística en nuestro país.

Esta retahíla de denuncias se suma al hecho de que, en los últimos dos años, Perú ha caído del puesto 7 al 16 en el Índice Chapultepec, un indicador que refleja la alarmante situación de las libertades de la prensa peruana. Esta caída no es solo un dato estadístico, sino un grito de alerta que exige atención y acción, sobre todo, por los ciudadanos que están próximos a un siguiente proceso electoral con condiciones de fragmentación sin precedentes.

La historia latinoamericana reciente ha demostrado que la desatención a las libertades de expresión y de prensa puede llevar a un deterioro irreversible de la democracia. La defensa de estas libertades es una tarea que nos concierne a todos, y el silencio no es una opción.