Semana crucial para la democracia
El Congreso debatirá como prioridad medidas que atentan contra la independencia judicial.
Esta semana deben verse en el Pleno medidas que apuntan a terminar de concretar el golpe contra la Junta Nacional de Justicia y sacar de la carrera electoral y de la presidencia del JNE a quienes consideran que pueden afectar sus planes de cooptación y control del sistema de justicia y de los próximos comicios.
Se alista la modificación del Nuevo Código Procesal Constitucional que reduce los votos para resolver conflictos competenciales en el Tribunal Constitucional. Esto significa, en breve, que el TC necesitará 4 votos y no 5, como dice la ley, para resolver una demanda interpuesta por el Congreso contra el amparo dado por el Poder Judicial a los dos integrantes de la JNJ Inés Tello y Aldo Vásquez.
Mediante esta acción de la justicia, ambos juristas lograron reincorporarse a la JNJ y mantener el funcionamiento del Pleno, mermado por esta decisión del Congreso.
El TC no logró, al parecer, reunir los 5 votos necesarios para darle la razón al Congreso. Por eso la rebaja que están planteando los 8 grupos parlamentarios que han priorizado esta discusión por sobre la iniciativa del Ejecutivo sobre el “terrorismo urbano”.
En otra de las contrarreformas que están alistando, se pretende que la decisión que adopte el Congreso en los procesos de acusación constitucional sea irreversible. Es decir, no se podrá apelar ante ningún tribunal de justicia, generando la total indefensión de quienes estén en procesos de estas características. Por lo pronto, el caso del presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se ventile una denuncia en su contra. El ponente es el congresista fujimorista Héctor Ventura.
Bajo esta nueva medida que pretende imponer la mayoría congresal, no es posible apelar a la justicia si no se siguieron las reglas del debido proceso o existieron fallas en la decisión adoptada. Es la misma lógica que está conduciendo las denuncias constitucionales contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros Mirtha Vásquez y José Elice. Pura arbitrariedad.
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