Promovieron la ley para beneficio propio
Los hermanos Cerrón pidieron la aplicación de la nueva ley de crimen organizado.
Lo negaron al unísono: no es ley con nombre propio, no lo hacemos en nuestro beneficio y se ha cambiado la norma para darles más garantías a las personas que son investigadas y a quienes no se les hacen valer sus derechos durante esta etapa. Era falso. Apenas se aprobó la disposición que recorta la definición de crimen organizado y deja fuera a varios otros delitos que antes sí correspondían, muchos de los congresistas y otros miembros de las organizaciones políticas que participaron en la aprobación de la disposición solicitaron ser beneficiados por ella.
En esta edición figuran los hermanos Vladimir y Waldemar Cerrón, a quienes ayer un juez les negó la posibilidad de adecuarse a esta nueva ley de crimen organizado. El juez Jorge Chávez aplicó el control difuso para sostener su criterio jurídico. Indicó que, pese a que la norma es constitucional, no puede aplicarse en este caso, que es el llamado Los Dinámicos del Centro, porque tiene vacíos e inconsistencias respecto al tratado de Palermo, del cual el Perú es firmante. Por lo tanto, seguirán siendo investigados por crimen organizado.
El juez Chávez ha dicho que la aplicación de las normas no puede estar reñida con los convenios y tratados internacionales, un aspecto que ha sido olvidado en varias leyes que ha dictaminado el Congreso.
Los Cerrón no son los únicos en dar normas para luego aplicárselas, sino también Fuerza Popular, que en el caso Cócteles, el cual involucra a Keiko Fujimori y la dirección de la organización política, ha pedido ser beneficiaria.
Es indudable que las leyes dadas por este Congreso han buscado el aprovechamiento de unos pocos, pese al grave perjuicio provocado a la población y a la institucionalidad. El caso del crimen organizado es patente. Como también lo es la denominada ley Soto, hecha a la medida del expresidente del Legislativo, que plantea la prescripción anticipada y también ha sido solicitada por algunos congresistas y miembros de organizaciones políticas representadas en el Parlamento. Es muy loable la existencia de jueces que con criterio independiente no ceden ante las presiones políticas.
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