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Perú, rehén de la delincuencia

El crimen organizado campea en todo el país y no hay medidas que protejan al ciudadano.

El Perú es un rehén en manos de la delincuencia organizada. Bandas de asesinos recorren el país cobrando víctimas. Se trata de personas que tenían un modesto negocio, iban saliendo adelante en un emprendimiento o simplemente paliaban la difícil situación económica con ingenio y dedicación. Ellos ahora también son el blanco de las extorsiones, el gota a gota, los cupos, los secuestros y los sicarios.

En el norte, en paralelo a la actividad extractiva del oro ilegal, se ha generado una industria del crimen que va exterminando competidores. En Pataz, la tierra de nadie, se ha condenado a muerte a empresarios emergentes que se han negado a las demandas de los extorsionadores. Cada día hay como mínimo un hecho de sangre que lamentar y no hay una respuesta adecuada del Gobierno nacional o regional. El resto del país también se debate inerme ante la ola delincuencial que nos arrastra.

Ni qué decir de Lima, en la que se cometen actos viles en los conos de la ciudad y en distritos que están atenazados por hechos violentos que no se detienen ante estados de emergencia, operativos relámpago ni ninguna otra pantomima organizada por el régimen de Boluarte y su seguidilla de ministros del Interior. Todos ellos han fracasado pese a sus shows para las cámaras. Todos han mostrado la inutilidad y la incoherencia de sus propuestas.

El caso del crimen del dirigente del gremio de Construcción Civil, Arturo Cárdenas, asesinado saliendo del local gremial en La Victoria es el extremo de la ineficiencia y la desidia gubernamental. Existe una grave crisis en el sector construcción. Las mafias pretenden apoderarse de las obras para cobrar cupos y extorsionar al empresario constructor. El sindicato siempre ha sido un soporte que regula el mercado y garantiza el trabajo de sus afiliados. La organización sindical es un enemigo para las bandas criminales, que requieren el caos y el desorden para operar. No conocer este contexto es un cargo muy grave contra el Ejecutivo, que no está velando por los intereses de los trabajadores y de los empresarios del sector. La muerte del dirigente Arturo Cárdenas es un campanazo que debe escucharse y nos debe obligar a actuar, antes de que la violencia criminal se apodere de los últimos espacios de la escena nacional.

La República

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