¡No es un tema cultural, es un delito!, por Marisa Glave
“La violencia sexual en centros escolares es una terrible realidad. No es un dato nuevo, lastimosamente. Es una práctica delictiva que ha sido denunciada múltiples veces en el país, como parte de la violencia que nuestras niñas y niños sufren”.
Morgan Quero no puede aludir confusión ni desconocimiento tras el amplio rechazo que han generado sus declaraciones. Pretender un relativismo cultural para esbozar una línea de justificación a las violaciones de niñas Awajún por parte de docentes es inaceptable.
Sus créditos académicos, como graduado en la Universidad de Grenoble y con un doctorado en la Universidad Autónoma de México, no le permiten invocar ignorancia. Sabía perfectamente lo que estaba diciendo y no le importó. Estaba agrediendo al pueblo Awajún y su cultura, a las mujeres awajún que se han organizado para denunciar esta práctica y, sobre todo, a las niñas awajún víctimas de violación, a las que él está obligado a proteger como ministro de Educación, pues eran alumnas en instituciones educativas públicas.
Esta actitud racista y colonial del señor Quero es un reflejo de la manera en que este Gobierno, el de su jefa, la señora Boluarte, trata a los pueblos originarios, no solo desentendiéndose de sus responsabilidades básicas, sino violentando en el camino a quienes no consideran ciudadanos plenos.
El señor Quero, así como la señora Boluarte, deberían irse. Es inaceptable que Quero siga siendo ministro de Educación, pero este congreso no lo censurará.
La violencia sexual en colegios en Condorcanqui
El 2017, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui alertó que había más de 90 denuncias de violación sexual en los centros educativos. Esta realidad ya había sido señalada por un informe del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán que el 2005 hizo públicos casos de violación por parte de profesores a alumnas awajún en el 2003, poniendo en evidencia la realidad de violencia a la que estaban sometidas las niñas, así como la impunidad de la que gozaban los docentes y directores responsables de los hechos.
La Defensoría del Pueblo mostró cifras alarmantes de denuncias de violencia sexual en instituciones educativas de Condocanqui, particularmente las ubicadas en comunidades nativas. Entre el 2012 y el 2017 se recibieron más de 200 denuncias. De ellas, el 73% simplemente no habían sido procesadas y, por tanto, habían prescrito. La cultura de la violación funciona en nuestro país porque está hermanada con la cultura de la impunidad.
Estos datos, junto con testimonios dolorosos de niñas víctimas de violación en Condorcanqui, están recogidos en el informe aprobado por la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad, presidida por el congresista Alberto de Belaunde en el 2019.
El informe presenta un paquete completo de conclusiones en este caso, siendo una de los más alarmantes la ausencia de mecanismos básicos de acceso a la justicia. Realizar una denuncia para un padre o una madre awajún es un vía crucis que termina dañando a toda la familia y revictimizando a las niñas que, en muchos casos, hicieron las denuncias porque habían quedado embarazadas.
La violencia sexual en centros escolares es una terrible realidad. No es un dato nuevo, lastimosamente. Es una práctica delictiva que ha sido denunciada múltiples veces en el país, como parte de la violencia que nuestras niñas y niños sufren. Un ministro de Educación que no asuma como cruzada hacerle frente a esta realidad en la escuela, sea esta urbana o rural, no puede seguir en el cargo bajo ninguna excusa.
Es una niña de 8 años, señor Quero
El último caso de violación que se ha conocido es el de una niña de 8 años. En su desesperación, las mujeres de la comunidad han grabado en video el momento en que la niña llega a pedir que la sanen, que la curen. Este video, que ha sido enviado a organizaciones de DDHH que van a acompañar a la víctima y a las mujeres que hacen esta denuncia, muestra a la pequeña, ensangrentada, así como a quienes están tratando de atenderla. El dolor es demasiado.
Cómo se pretende decir que hay intentos de consolidar familias como razón para justificar casos de violación, cuando se trata de una ¡niña de 8 años! Paren un segundo y piensen, por favor, en una niña de esa edad. El infeliz que la ha violado no está pretendiendo crear una familia con ella, es simplemente un delincuente de la peor especie que vive en un ambiente que apaña este tipo de delitos.
Pero en casos en los que hubiera incluso una aceptación comunal de “convivencia” o de “intento de formación de familia” con una menor de edad, el TC ya ha dejado claro que, siendo especialmente relevante la jurisdicción comunal, esta no supone la relativización o desconocimiento de otros bienes jurídicos. Expresamente señala que no puede colisionar con derechos fundamentales. En su sentencia, el TC afirma que los delitos de violación sexual a niñas “no pueden verse en el fuero comunal pues, no solo repercuten sobre el contenido de derechos fundamentales esenciales, sino que comprometen a personas de condición especial como son sin duda los menores de edad”.
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La Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) ha denunciado el relativismo cultural con el que el ministro pretende apañar delitos. Organizaciones feministas, como las agrupadas en las Lilas, han exigido su salida. Lo mismo han hecho diversas organizaciones de sociedad civil.
El intento del señor Quero de pedir disculpas y decir que se le ha malinterpretado es una burla. Como empecé este artículo, sus credenciales académicas no le permiten aludir confusión o desconocimiento. Su agresión puede ser pasada por alto por la señora Boluarte, pero no por la sociedad. Su presencia en el ministerio es inaceptable.
Desde la raíz
Socióloga, con un máster en Gestión Pública, investigadora asociada de desco, activista feminista, ecologista y mamá.