Improvisación que hace daño
En un contexto de gran inestabilidad, designan al equipo que nombrará a nuevos integrantes de la JNJ.
La Defensoría del Pueblo, ocupada actualmente por el exabogado de los Cerrón Josué Gutiérrez, ha emitido una resolución en la que designa a los miembros de la comisión encargada de nombrar a los nuevos siete titulares y suplentes de la JNJ. A finales de junio o principios de julio, esta comisión debería determinar el perfil de los postulantes y el proceso de selección de carácter público, como señala la ley.
La integran, además del defensor a la cabeza, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del TC, el contralor de la República y los rectores de la Universidad San Marcos y la Ricardo Palma.
Es una iniciativa que llega en un momento en el que el Congreso debate la desaparición de la Junta para que se transforme en una Escuela Nacional de la Magistratura. También está pendiente un fallo del Poder Judicial para definir si procede la reincorporación de los exintegrantes de la JNJ Inés Tello y Aldo Vásquez. Para complicar más las cosas, queda pendiente una nueva resolución del TC sobre la demanda competencial presentada por el Congreso. La reciente decisión judicial de no paralizar el proceso de amparo, que podría revertir la destitución de los mencionados integrantes de la Junta, resulta gravitante en este contexto.
La comisión designada por la Defensoría solo enrarece más la situación de la JNJ, institución autónoma y constitucional que se encarga de nombrar jueces, evaluarlos y sancionarlos, si el caso requiere. También ratifica a las autoridades electorales, pero no logra hacerlo por falta de quorum.
Es decir, el sistema electoral y el judicial se encuentran en un momento de grave indefinición, y el anuncio del defensor solo complica más el panorama ya de por sí precario e inestable.
Debemos destacar que toda esta desinstitucionalización del sistema de justicia y el poder electoral se encuentra siendo evaluada en el exterior y la preocupación está dando paso a las exigencias y sanciones. La CIDH habla de una clara intromisión del Poder Legislativo en los otros poderes y exige informes y correcciones. La angurria y la improvisación están pasando factura.
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