Piense en la tarea de llenar una jarra de vidrio con agua usando un gotero. El avance es lento y se puede perder la paciencia en el camino. Así suele ser hacer reformas en el país, avanzan lentamente. Ahora imagine que alguien rompe la jarra.
Eso es lo que está planteando un proyecto de ley, recientemente presentado por Perú Libre, que propone eliminar el régimen Servir, lo que no solo destruye lo avanzado, sino que no propone ninguna mejora alternativa, nos deja en una situación peor que hace 10 años.
Primero entendamos que los regímenes de contratación del personal que trabaja en el Estado son más que solo contratos laborales. El servicio civil es una carrera y su régimen establece cómo se avanza en la misma, qué incentivos hay para ser servidor público, bajo qué condiciones se asciende o se desvincula a un servidor. Todas estas condiciones son esenciales para determinar quiénes se animan a la carrera pública, qué tan óptimo es su desempeño y, por ende, qué tan buenos son los servicios públicos que ofrecen.
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En el mundo se ha estudiado la importancia de contar con servidores públicos capacitados. Por ejemplo, según un estudio de Acemoglu, Johnson y Robinson, de 2001, contar con un servicio civil profesionalizado puede conducir a un mayor crecimiento económico. Otros autores también encontraron que mejora el ingreso per cápita de los países y reduce la corrupción y la pobreza.
¿Cómo se logra esta mejora en las condiciones y desarrollo del país? Según el Banco Mundial, tener servidores públicos con experiencia en gestión pública ayuda a la adecuada implementación de políticas públicas. Estas pueden incluir mejores sistemas educativos, de salud, infraestructura pública y entornos de negocios. Por ejemplo, en Perú se probó que con la introducción de gerentes públicos capacitados, el año 2008, se podía aumentar la ejecución de proyectos de inversión pública en 88%, solo por una mejor gestión.
Asimismo, se ha encontrado que un buen sector público puede aumentar la confianza de los ciudadanos y de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
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No es sorpresa para nadie que la gestión pública peruana tiene malos resultados, la satisfacción de la población peruana sobre los servicios de educación pública, salud pública y carreteras es menor que la mediana de América del Sur y empeoró entre el 2018 y 2019, según información del Barómetro de las Américas (Lapop) y en el último Incore del Instituto Peruano de Economía (IPE); se encontró que a nivel nacional solo el 15,7% de la población considera que la gestión de su gobierno regional fue buena o muy buena, valor que en Tumbes llega a ser solo 9,6% de satisfacción.
¿Qué falla en el diseño de nuestro servicio civil? IPAE identificó algunos factores el 2022, tales como la alta rotación de funcionarios, la contratación de personal no especializado y que las normas estrictas no se adecúan a la amplia casuística de tipos de entidades públicas, por lo que cada una termina contratando a criterio propio.
Así, gestionando los servicios públicos, tenemos más de 1,8 millones de trabajadores del Estado, incluyendo profesores, enfermeras, jueces, policías, entre otras carreras públicas. De estos, el 60% corresponde a regímenes de contratación administrativos, como el Decreto Legislativo 276, el Decreto Legislativo 728, el régimen Servir, los trabajadores CAS y los contratados por locación de servicios, es decir, hasta cinco regímenes para contratar en tareas administrativas (fuera de las carreras especiales). Por eso no se puede hablar de una real carrera en el servicio civil.
Todo esto trató de cambiarse la década pasada con la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y la aprobación del régimen Servir, pero 10 años después de su aprobación no llegaba ni al 1% del total de contratos públicos, por lo que en la práctica aún no se ha implementado. Las causas de este avance tan lento son múltiples: el sistema se hizo muy engorroso, era voluntario y no presentaba claras ventajas a las autoridades, por lo que muy pocas entidades se embarcaron en la tarea. Además, la disponibilidad de presupuesto adicional nunca estuvo clara, pero una razón de fondo es que ninguna administración le ha dado a la reforma, durante 10 años, el respaldo y el impulso que se necesitaba, venían llenando la jarra con gotero.
Ahora se quiere romper la jarra y perpetuar el desorden con el que convivimos. El proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón, que propone eliminar el régimen Servir, es el más reciente y agresivo ataque a una reforma que no termina de despegar.
Puede que se esté preguntando lo siguiente: si el régimen Servir no ha funcionado en 10 años, ¿entonces cuál es el problema con eliminarlo? La respuesta es similar a la analogía de si un auto presenta fallas en el encendido, deshacerse del auto no es la solución; lo ideal es identificar la causa subyacente y abordar el problema de raíz. En el caso del servicio civil, se tiene a más de un millón de personas trabajando en los regímenes administrativos del Estado, operando sistemas administrativos y dando servicios que no funcionan. Eso no cambia con la eliminación del régimen Servir y más bien nos aleja de mejorar la situación.
Tener a un grupo de trabajadores en el régimen 276, congelado desde los años 90, otro por CAS temporal, otros por CAS indeterminados, otros por régimen privado y otros por locación de servicio no permite asegurar que se cuente con el mejor grupo humano en todos los ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y demás entidades del Estado.
El servicio civil es una pieza fundamental en el funcionamiento del Estado, y su reforma es necesaria para garantizar la eficiencia, la transparencia y la profesionalización en la prestación de servicios públicos. La existencia de múltiples regímenes de contratación administrativa, cada uno con sus propias normas y condiciones, crea un entorno caótico que dificulta la garantía de la calidad y la excelencia en el servicio público. Si bien es cierto que el régimen Servir no ha logrado despegar completamente en sus 10 años de existencia, la propuesta de eliminarlo no soluciona los problemas subyacentes del sistema y es un irresponsable paso atrás que amenaza con perpetuar el desorden y la ineficiencia en el servicio civil peruano. Podría, en su lugar, plantearse una mejora con sustento técnico y consenso, de modo que finalmente se logre el necesario ordenamiento.
Recordemos que el servicio civil es más que simplemente un sistema de contratación; es un instrumento clave para el desarrollo nacional y la calidad de vida de todos los peruanos. Tenemos que seguir avanzando en el camino hacia un servicio civil más eficiente, profesional y transparente. No rompamos la jarra, abramos el caño para llenarla rápido.
Coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). Docente de la Universidad del Pacífico. Magíster en Economía de la UP con experiencia en el sector público y el desarrollo económico. Se ha desempeñado como presidenta del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.