La crisis de los bolsillos vacíos, por Rosa María Palacios

La crisis política continuada que tiene el Perú ha pasado factura donde más duele: en el bolsillo. El presidente del BCR, Julio Velarde, hizo el anuncio. Nos alejamos, hacia abajo, del magro 1% de crecimiento previsto para el 2023. Las cifras son una profecía autocumplida desde hace dos años. Ningún interés hay en invertir en nuestro país. Quien invierte no vota ni marcha ni da pelea. Simplemente se lleva su plata a otra parte. Pelea el que ya invirtió, tratando de salvar lo que pueda y envidiando al que no vino o pudo irse a tiempo.

Velarde atribuye estas penosas cifras a las protestas sociales y al clima. Pero las causas parecen más profundas. Las protestas se reprimieron brutalmente y, para los que aplauden la mano dura del Estado, con ‘éxito’, es decir, con un número alto de muertes que actúa como disuasivo. Todas las movilizaciones posteriores a febrero de este año han sido calificadas de fracaso. Si son un fracaso, ¿por qué afectan a la economía? El Niño Costero hizo daño en marzo, pero El Niño Global aún no causa destrozos, salvo en pesca y agricultura. ¿Cómo podría explicarse el decrecimiento de julio cuando el ministro de Economía, con todo su punche, aseguraba que ahora sí todo era para arriba? La única forma lógica de revertir un problema es averiguar su causa y atacarla. Pero parece que todavía no la identifican o, si la conocen, no quieren mencionarla. Recordemos que a los directores del BCR también se les destituye por ‘causa grave’ y eso se define hoy como ‘cualquier cosa que le provoque a 87 congresistas’.

Regresemos al bolsillo. Solo observando podríamos encontrar algunas pistas del origen de tanta desgracia. ¿Qué condiciones atraen la inversión? La posibilidad de obtener una ganancia es la obvia. Para ello necesito un mercado y unas reglas justas y predecibles. ¿Puedo calcular el tamaño de mi mercado? Puedo. ¿Y las reglas? Ahí está el problema. Las normas que regulan una inversión son privadas (contratación) o públicas (regulación). Cuando fallan las primeras, mi defensa está en un sistema de resolución de conflictos que puede ser el arbitral. Pero, cuando fallan las segundas, mi sistema de protección es hoy caro y corrupto. Si la regulación es una fuente de arbitrariedad, no hay forma de sacar adelante una inversión. Sea el alcalde, el ministro, los comuneros, los congresistas o la agencia regulatoria. Hoy, la arbitrariedad regulatoria es norma. Ejemplos sobran, pero no tenemos espacio para la casuística, pues dirán que estoy en el lobby de este o de aquel. Pero que se enteren todos: seguridad jurídica no es algo que se compra en la esquina. Demora construirla. Cuando no la tienes, no hay un sistema de libre mercado funcionando. Tienes mercantilismo y populismo.

Entonces, pues, la política importa para el bolsillo. Las cuerdas pueden ir separadas hasta que se tensan tanto que se rompen. Una pandemia y seis presidentes no te los aguanta nadie. La única salida es volver a empezar. Reglas claras y un horizonte más cercano que el 2026. Pero Legislativo y Ejecutivo están en otra galaxia. Muy ocupados en una ‘cacería de caviares’ se están trayendo abajo la separación de poderes (léase desaparecer a la JNJ) y la libertad de prensa (léase penalizar la ‘instigación’ a protestar por medios de comunicación), dos ejemplos solo de este mes; mientras que judicializan todo y escandalizan a un país como sus mochadas de sueldo y toneladas de limones en Palacio de Gobierno. Entre pellejerías de los recién arribados al poder y corrupción pura y dura de un desfile de presidentes, el país no va a aguantar tanto tiempo.

Este sábado, un pequeño grupo de ciudadanos saldremos a las calles a decir que esto no da más. Llegan, como dice Avenida Larco, de todos lados. La mayoría de las colectividades, organizadas en torno a fines muy específicos (política, derechos humanos, educación, religiosidad) y con una orientación a lo que se llama izquierda progresista que no comparto, justamente por sus posturas que muchas veces han ahuyentado la inversión y, contradictoriamente, toda posibilidad de prosperidad para la mayoría. Pero coincidimos en algo. No podemos abandonar la forma democrática de Gobierno que se asienta en dos pilares: separación de poderes y derechos humanos. Si aceptamos eso, perdemos toda posibilidad de restituir un mercado libre como el que ha traído progreso al Perú y sacó a un 40% de la población de la pobreza en 15 años.

Perder la democracia de a pocos es un drama, pero peor es perderla para entregarla a los brazos de un autoritarismo corrupto. El caso de la JNJ es un caso ejemplar para analizar las redes de corrupción que se comunican entre sí para eliminar todo obstáculo en su camino. Aquí la tibieza está sobrando. No hay buena fe por parte del Congreso ni un súbito deseo de hacer investigaciones rigurosas. Cándidos, ¿a estas alturas?