Uso político de Polay
La estrategia del terruqueo en tiempos de recesión.
Javier Valle Riestra fue el abogado de Víctor Polay Campos, uno de los terroristas que está purgando prisión en la Base Naval del Callao y el autor de la demanda que ha provocado tanto ruido entre miembros del Ejecutivo y el Legislativo, que incluso han planteado acciones drásticas contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Valle Riestra fue primer ministro del Gobierno de Alberto Fujimori y también un militante del Partido Aprista de larga data. Polay también tiene un pasado aprista y una conocida relación con el expresidente Alan García, de quien fue amigo personal. La fuga protagonizada por el subversivo y sus correligionarios del penal de Lurigancho en 1990 aún sigue siendo un caso en el que hubo una fuerte participación política para facilitar el escape.
El terrorismo de Polay es reconocido tanto por la justicia peruana como por la internacional. Asimismo, se ha establecido fehacientemente su culpabilidad, los delitos cometidos y los 35 años de cárcel que debe cumplir.
Lo solicitado en 2007 por los abogados de Polay fue mejores condiciones y atención a su denuncia de malos tratos en prisión. Recién en 2022 fue admitido en la CIDH, y allí permaneció hasta que fue detectada, y la política peruana hizo uso de esta demanda para fines diversos.
La presidenta Boluarte ha dado como consigna: “Terrorismo nunca más”, y el primer ministro ha convocado a todas las entidades del Estado para responder a la CIDH, según lo que señala el comunicado. También la candidata fujimorista, Keiko Fujimori, ha dado declaraciones en el mismo sentido; mientras que políticos de la extrema derecha reclaman el retiro del Perú del Pacto de San José, que es la base legal del compromiso internacional con los derechos humanos, asumido por el Perú.
Por lo pronto, Polay no va a salir de la cárcel ni la CIDH está pidiendo que lo haga. Hay una solicitud que tendrá que evaluarse, en el marco de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales. El uso político de un caso como el del terrorista Polay Campos no puede servir para justificar a quienes pretenden negar el derecho a la defensa en cortes internacionales, al considerar que la justicia peruana no ha cumplido su cometido.
El terrorismo en el Perú merece las más drásticas críticas, pero el terruqueo con el que se quiere responder a las justas demandas de justicia también es criticable y el uso político de este tipo de casos, aún más.
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