Una marcha imprevista de tropas policiales cruzó el viernes la ciudad capital atemorizando con su parafernalia de guerra y provocando alboroto. Se trató de otro nuevo mensaje oficial para amedrentar a los potenciales manifestantes del 19J.
Este desfile se suma a las declaraciones del primer ministro, quien a la salida de la reunión del Consejo de Estado invocó a las FFAA y policiales a que respetaran el uso de la fuerza, generando sorpresa por el contenido, considerado una “sacada de cuerpo”, ya que pone en manos de las instituciones del orden y seguridad la decisión sobre si se respetan o no los límites de la violencia que impone la ley.
Además de esa intención de infundir temor, hay que sumar la declaración de emergencia de las carreteras y los controles en la entrada de Lima, que los especialistas consideran ilegales. También se ha buscado enfrentar la “paz” solicitada por los gremios empresariales, fundamentalmente, a la “guerra” de los manifestantes del 19J.
Hay una falsedad de fondo en esta premisa, tan incorrecta como la que busca entender la existencia de una guerra del país consigo mismo, por lo que es necesario salir a pacificarlo, como señala Paulo Vilca en SER. No será un combate de los “buenos” contra los “terroristas, comunistas” como pretenden entender los sesudos policías que analizan el contexto en los medios. Se trata del 90% de la población que no quiere continuar bajo la égida de Dina Boluarte y Alberto Otárola y de un Congreso mercenario.
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Desde Alberto Fujimori no hemos tenido un Gobierno tan desprestigiado por su violación sistemática de los derechos humanos. Ese hecho es el que hoy lo coloca en esta posición defensiva, a la que ha conducido a las Fuerzas Armadas y policiales, que habían logrado limpiarse del baldón del fujimontesinismo y que ahora, nuevamente, se ponen de espaldas al país.
El 19 de julio hay una movilización en Lima y las regiones en demanda de respeto a los derechos ciudadanos, a la legalidad, a la democracia, a la libertad. Lo más unificador es que el 90% del país coincide en que el Gobierno Boluarte-Otárola no da más y que el Congreso es cómplice de esta decadencia y también se tiene que ir. El 10% que tiene la alianza con el poder económico y la fuerza de la represión contra el 90% que no quiere a la presidenta y sus aliados. Es necesario ubicarse en el lugar correcto de la historia y no dejarse amedrentar ni manipular.