La ética parlamentaria
Dos congresistas de APP e integrantes de la Comisión de Ética acusadas de cobro de cupos a su personal.
El delito contra la administración pública cometido por la parlamentaria de APP Rosio Torres sería el de concusión, al haberse supuestamente cobrado determinada cantidad a cada trabajador que estaba contratado en su oficina parlamentaria.
Este pago, admitido por su personal, iba a engrosar las arcas de la congresista que, además, tenía a un sobrino como recaudador. Estas denuncias obligaron a que APP, la organización política que dirige Cesar Acuña y que alberga a la cuestionada Torres, la separara de su función como miembro de la Comisión de Ética.
El partido de Acuña ha asegurado que primero tendrá que escuchar los descargos de la parlamentaria, para luego adoptar alguna determinación sobre su futuro político. Por lo pronto, dejarla fuera de Ética parece lo más cercano y concreto.
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Otra congresista también del partido del gobernador de La Libertad, Magaly Ruiz, fue separada de la Comisión de Ética luego de que se conociera la versión de un extrabajador, quien aseguró haber pagado cupos a la congresista por el puesto que ocupaba.
Estas congresistas debían evaluar y votar en el grupo de trabajo, calificando la actuación de sus colegas en relación con el cumplimiento del Código de Ética Parlamentaria.
Han valorado casos como el de congresistas acusados de violación, acoso, uso indebido de los bienes y dinero del Estado, abusos laborales y recientemente la calificación de los 17 congresistas del grupo denominados ‘Los Niños’, quienes presumiblemente recibieron obras de construcción y otras prebendas a favor de apoyo político al gobierno del expresidente Pedro Castillo.
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El primer cuestionamiento a la labor que desempeña la Comisión de Ética lo ha efectuado paradójicamente su propia presidenta, Karol Paredes, quien ha indicado que, si sus recomendaciones no son atendidas, la Comisión no tiene ninguna razón de ser. Este comentario obedece al blindaje selectivo ofrecido en el caso de Los Niños y el encubrimiento al congresista de Fuerza Popular Luis Cordero, contra quien pesa también una denuncia de agresión contra su expareja.
El caso de Cordero ha subido nuevamente a la descalificada Comisión que no ha podido garantizar que se cumplan las nociones básicas de ética entre sus propios integrantes.
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