Los últimos días de un presidente, por Rosa María Palacios

“Castillo se va solo si lo sacan. Para una renuncia debería tener al frente políticos de un talento que hoy el país no tiene. Pero no lo puede hacer solo el sistema de justicia”.

Es muy difícil que el mal perdedor sea creíble. Quien se inventa un fraude, porque no le gusta el resultado electoral, mancha para siempre su trayectoria democrática. Una grave alteración de la voluntad popular no es un asunto sencillo, como vimos el año 2000 y salvo, como en ese entonces, pueda probarse que las elecciones no son justas, ni libres, ni transparentes, el daño que el fraudismo hace no se agota en una pataleta. Lo sufrimos el 2016 y sus consecuencias resultaron trágicas tanto para Kuczynski (el ganador) como para Fujimori (la perdedora).

El 2021 vivimos el mismo espectáculo. Mi lista de fraudistas conocidos es larga y triste. Aunque muchos se han retractado, esta vez el daño puede durar 4 años más. ¿Cuál es la narrativa de defensa de Castillo frente a las investigaciones fiscales? ¿Cuál su respuesta frente al acopio de hechos delictivos que toda la prensa peruana hace? El golpe. Una interrupción arbitraria de su mandato producto de una conspiración de los medios, enemigos políticos, poder económico y ahora fiscales y jueces. Lo ha gritado él y el elenco estable de ministros sobones que lo sostienen esta semana en una deslucida versión local de “Aló presidente” con portátil incluida. ¿Y saben qué? Es un buen argumento, regalado por sus opositores. La única razón por la que Castillo sigue siendo presidente es porque al frente tiene a sus pares.

No se va a ir. No tiene visión política, ni de corto plazo. Un estadista, en sus zapatos, convoca a una elite de intelectuales y constitucionalistas y les pide soluciones dentro del Estado de derecho y lejos de la corte de ayayeros que solo sirven para atarle los pasadores. Con visión de largo plazo asume un camino que incluya una mejoría para el sistema político. Negocia las reformas y si su renuncia es parte de esa transacción política, la pone sobre la mesa. Es decir, organiza su salida, como lo han hecho todos los que deben irse antes de tiempo, sin un golpe de Estado. Pero Pedro Castillo, “un sindicalista básico”, no sabe de esto. Cree que no tiene más salida que la de permanecer. Nadie le ha abierto un “puente de oro” y, para usar al querido Sun Tzu de su abogado, cuando no hay puente solo queda el exterminio, pues “un animal agotado solo seguirá luchando porque esa es su naturaleza”. Pueden detener a toda su familia. Eso no lo hará renunciar.

Castillo se va solo si lo sacan. Para una renuncia debería tener al frente políticos de un talento que hoy el país no tiene. Pero no lo puede hacer solo el sistema de justicia. Lo más lejos que avanzará la Fiscalía (que ha avanzado, sin precedente y sujeta a las impugnaciones que subirán hasta las instancias más altas del sistema) es hasta concluir el relato de una investigación criminal, donde, a estas alturas, no cabe duda alguna de su interés en negocios particulares y en rodearse de gente que le procurase las ventajas económicas que nunca conoció. Lo hizo muy rápido y muy mal, porque ni para eso tiene talento. Un audio donde se entrega una maleta con “cien grandes” de Villaverde a Silva es lo mismo que el video Kouri–Montesinos. Tarde o temprano, la función va a terminar.

El Congreso tiene cuatro caminos constitucionales. Usar el 117 es inventar un delito de traición a la patria donde hay estupidez, pero no dolo. Usar el 113-2 es caminar, otra vez, por la vacancia por incapacidad moral y su inaplicabilidad a estos casos. Descartados esos dos, solo queda usar el 99 y 100, alegando el cumplimiento del artículo 30,2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que establece que debe haber un equilibrio apropiado entre cualquier inmunidad y la investigación en juicio y fallo de delitos de corrupción, abriendo una puerta al juicio presidencial, siempre que el TC respalde esta vía. El cuarto está en la Primera Disposición Transitoria Especial de la Constitución, por la que se adelantaron elecciones el 2001. A mi juicio, la única salida viable, siempre que el consenso político alcance para otras reformas que no permitan que el 2016 y el 2021 se repitan en la siguiente elección.

Por ahora, no hay más caminos constitucionales que estos. De los otros, ni pensarlos.

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