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Querellar la verdad

“Lo que sí existe entonces es un atentado contra la libertad de prensa, de investigación y de información. Resguardar estos derechos fundamentales es crucial...”.

Hoy lunes 10 de enero se leerá la sentencia de la querella interpuesta al periodista Christopher Acosta y al editor Jerónimo Pimentel por la publicación del libro Plata como cancha. Esta querella, como se sabe, ha sido suscitada por César Acuña bajo el supuesto argumento de difamación a través de la cual se les pide pagar el disparatado monto de 100 millones de soles.

Esta situación preocupa y llama la atención pues en realidad esta querella nunca debió ser admitida dado que los argumentos del demandante no son razonables y, por lo tanto, no se sostienen. Cualquier juez, profesional, en ejercicio, está en la capacidad de identificar qué es y qué no es difamación. Una querella con un argumento así, tan vacío, no debería pasar. En este caso no estamos hablando de opiniones personales que pueden dañar la honra de una persona inocente, sino que estamos hablando de una investigación seria que se basa en hechos y citas de otra persona para conocer a mayor profundidad hechos que merecen ser informados.

Diversos líderes de opinión han comentado que esto es un atentado contra la libertad de opinión, pero esto, a mi juicio, tampoco es así, dado que el problema no está en que se haya emitido una opinión al aire sino que el periodista Acosta se ampara en hechos y citas textuales de terceros, lo que le sirve como fuente para contar una historia. Lo que sí existe, entonces, es un atentado contra la libertad de prensa, de investigación y de información. Resguardar estos derechos fundamentales es crucial en un país en donde la corrupción está impregnada en todos lados y en donde resulta una tarea verdaderamente titánica y arriesgada sacar a la luz verdades incómodas para los investigados, pero verdades al fin y al cabo que deben conocerse y que no deberían quedar impunes.

Pero esta situación no es nueva. Sucede mucho al interior del país en donde periodistas serios quieren destapar los entramados y redes de corrupción regionales, pero en vez de ser premiados por el sistema de justicia por aportar información valiosa, terminan siendo querellados. Un caso similar e inaudito se presenta a partir del libro publicado Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas, quien, junto a Paola Ugaz, ha sufrido persecución, hostigamiento y todo tipo de amedrentamientos por sacar a la luz hallazgos importantes sobre el abuso del Sodalicio hacia menores y jóvenes de su movimiento. El calvario continúa para ellos al punto que este fin de semana pasado, el periodista Salinas sufrió el allanamiento de su casa por parte de la fiscalía. Solo en la ciudad gótica se castiga a los héroes.

Los ciudadanos debemos saber que el sistema de justicia no puede seguir siendo utilizado como un instrumento para callar la verdad, peor aún, tampoco puede ser utilizada como instrumento de venganza para ir en contra de quienes tienen el valor de investigar y publicar hechos que merecen ser conocidos por todos. La labor del periodismo de investigación no debería ser un oficio de alto riesgo, por el contrario, deberían estar protegidos puesto que dicha producción debe ser vista como un insumo importante para iniciar una investigación más seria dentro de los niveles correspondientes. El sistema de justicia entonces, lejos de enfocarse en investigar a todas las personas que aparecen vinculadas, a partir de los hallazgos generados por los periodistas, consolida prácticas de persecución abusiva en contra de ellos haciendo un pésimo uso del derecho y de sus atribuciones.

Sería verdaderamente un escándalo que Acosta y Pimentel tengan que pagar una reparación. Por el contrario, el daño que se ha generado ha sido contra ellos, al igual como ha sucedido con Salinas y Ugaz. Hoy ellos necesitan de nuestro apoyo y agradecimiento, pero también necesitan de nuestra indignación y vigilancia.

Opinión

Opinión

Alexandra Ames

Especialista en Políticas públicas efectivas. Jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Ha sido servidora pública de municipios y ministerios. También ha sido Secretaria Técnica del Social Progress Imperative para el Perú. Limeña, hija de padre puneño y madre moyobambina.