Un Gobierno para la clase trabajadora

A inicios de los noventa, el mundo del trabajo peruano sufrió duros cambios, asegurados primero mediante el combate contra los sindicatos y luego con la Constitución antilaboral de 1993. Desde entonces, pese al distinto signo político de nuestros gobiernos, las reglas de las relaciones laborales las imponen casi sin contrapesos la patronal y sus estudios de abogados, con ayuda de autoridades y funcionarios atrapados en el consenso neoliberal.

Si este esquema no se ha profundizado más, ha sido gracias a la resistencia de las y los trabajadores, en particular de quienes han apostado por la sindicalización para defender sus intereses y sus derechos. Ha habido también momentos de amplia reacción ciudadana contra la avanzada antilaboral, como en 2015, cuando Ollanta Humala concedió al empresariado un régimen laboral juvenil, revertido tras masivas movilizaciones.

La idea de una reforma laboral “proflexibilización” ha seguido rondando en los escritorios de los “hacedores de política”. Lo vimos en años recientes: la tristemente célebre Rosa Bartra retrocedió pronto con su “ley pulpín 2.0″ y el expresidente del Congreso Pedro Olaechea logró imponer una prórroga del régimen laboral para la agroexportación (que caducó cuando las y los jornaleros agroindustriales del norte y sur del país pararon los cultivos y las carreteras). Ni siquiera con la emergencia por COVID-19, experimentada como una doble tragedia (sanitaria y económica) por las familias de la clase trabajadora, ha cedido este talante de la clase empresarial, que movió sus hilos para arrancar al Estado, prácticamente sin condiciones ni supervisión, el mecanismo de “suspensión perfecta” y los créditos Reactiva Perú.

Hoy, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, encabeza una nueva intentona contra la clase trabajadora, con un paquete legislativo que busca habilitar disparates como el “cese individual” (un despido disfrazado), la ampliación del tiempo parcial a 24 horas semanales y la flexibilización del contrato a plazo fijo, entre otras alarmantes medidas. Las razones para tal nivel de iniciativa de Alva son claras. El empresariado peruano no sabe otra fórmula para activar –ni para reactivar– la economía que no sea el recorte de los derechos laborales (¿para eso pagan costosos MBA a sus herederos?). De otro lado, mientras la izquierda que se complace en sus “credenciales democráticas” rehúye al término, la derecha sí tiene clara la vigencia de la lucha de clases, e identifica al Gobierno de Pedro Castillo como aquel que fue elegido por la clase contraria a sus intereses, y que tiene el potencial de representarla. En un Gobierno para la clase trabajadora, el Ministerio de Trabajo está obligado a equilibrar el peso de los representantes de las y los trabajadores frente a los abogados de la patronal, superando el ambiguo rol de ‘árbitro’ para asumir su mandato de proteger el derecho al trabajo digno. En un Gobierno para la clase trabajadora, la Presidencia de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República debe fortalecer su vocería del lado de las mayorías trabajadoras. Que hoy ese lugar sea ocupado por una mujer obrera es una inmejorable oportunidad.

Lo que cabe preguntarse entonces es qué va a hacer Pedro Castillo, el presidente de raíz sindical, ante la arremetida de Alva y compañía, y más allá del conflicto político Ejecutivo-Legislativo. El mandato para el presidente es mayor: si ha sido elegido en nombre de la clase trabajadora, ahora debe gobernar en serio por su bienestar. Eso no será posible sin una fuerte voluntad de cambiar las reglas de juego y emprender una verdadera reforma del trabajo en el país. Mientras tanto este 27 octubre, la CGTP ha convocado una movilización hacia el Congreso en rechazo al paquetazo antilaboral de Acción Popular.