(*) Psicólogo social, Universidad de Lima
Los últimos cuatro presidentes elegidos (PPK, Humala, García y Toledo) obtuvieron en primera vuelta un total de votos mayor que el virtual presidente Pedro Castillo y tenían un Congreso menos fragmentado que el actual. Sin embargo, comenzaron su gestión con niveles de aprobación que estaban entre el 50% a 60% y al año ese respaldo descendió a un aproximado de 35%. Esas cifras las suelo tomar como un indicador de lo que Eduardo Dargent analiza en su libro “El páramo reformista”: la inmensa dificultad para hacer reformas en el país.
Se comienza con un relativo buen nivel de aprobación y luego los problemas para gestionar, por decir lo menos, pasan la factura. No es ninguna novedad señalar que nuestro Estado es frágil y que necesita cambios, pero se olvida con una inmensa facilidad. A través del proyecto Agenda Perú, uno de los aportes del hoy presidente Francisco Sagasti, se ha enfatizado que las políticas públicas no caminan si no hay institucionalidad que las conduzcan. La trama y la urdimbre del desarrollo. Es cierto que Vizcarra compensó sus problemas de gestión con la confrontación con el Congreso, calculó que los cambios de fondo en educación, salud, seguridad, etc., tomarían mucho tiempo y que, en su precariedad política, necesitaba un respaldo rápido. Pero no creo que ahora el polarizado ambiente acoja la continuidad de más enfrentamientos. En el caso de Vizcarra terminó con una cuestionable vacancia. En todo caso, no parece ser un camino que el futuro Ejecutivo debiese recorrer.
Sin embargo, Castillo y otros miembros de Perú Libre retomaron la semana pasada el tema de la Constituyente y las alarmas se volvieron a prender. Hay una discusión legal, pero también política. ¿Está un posible gobierno de Perú Libre en capacidad de sostener políticamente un cambio de la Constitución? No lo creo. Preguntar en una encuesta por el apoyo o rechazo a una Asamblea Constituyente no es sencillo porque el asunto tiene varios ribetes técnicos y porque la gente puede expresar cosas diversas ante una pregunta general. Datum abordó, en algún momento, el tema y luego indagó en las razones del apoyo. Lo que la gente quería era leyes más estrictas para sancionar los actos de corrupción. ¿Para eso una Asamblea Constituyente? La misma empresa preguntó en junio pasado si se consideraba que se debería hacer un cambio completo de la Constitución, algunos cambios, o ninguno y solo un 20% apoyaba un cambio total. Más o menos el mismo porcentaje (votos emitidos) que respaldó en primera vuelta a Perú Libre y a Juntos por el Perú, que ofrecieron la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Casi dos tercios manifestó su acuerdo con la realización de cambios en la carta magna, pero no el cambio total. Cifra semejante a los datos del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y de Ipsos con relación a que se haga un cambio parcial del modelo económico. Una encuesta de abril del IEP indicaba que dentro de los votantes de Castillo, el 52% apoya un cambio moderado.
Puede que avanzar en una reforma del Estado, mientras se gestiona, sea tan o más complicado que promover una Asamblea Constituyente. Las tareas que se demandan a un nuevo gobierno están alrededor de la lucha contra la pandemia (que pasa por ahora por mantener el ritmo de vacunación), reactivar la economía y luchar contra la corrupción. ¿Se necesita una nueva Constitución para eso? Al menos Francke ya mencionó que se pueden hacer muchas cosas dentro del actual marco legal.
Alex Paredes, vocero de Perú Libre en el Congreso, ha puesto énfasis en que la propuesta de una Asamblea Constituyente se hará dentro de la ley. Ha dicho que eso es ser honesto, que Castillo quiere cumplir con su palabra. En ese caso, y aunque posiblemente solo eso no baste, sería bueno recordar la frase de Alfonso Barrantes: “Un gobierno honesto ya sería una revolución”.
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