El ejercicio justo del poder

Por: Daniel Salaverry (*)

El próximo gobierno tiene que ser capaz de generar confianza en los primeros cien días de gestión. Debe actuar con decisión, prudencia y eficacia. Es por ello necesario no solamente un Plan de Gobierno bien documentado y sustentado, como el que hemos conseguido articular en Somos Perú. Sino, una idea clara de cómo ponerlo en práctica, y un equipo adecuado para hacerlo.

Enfrentar la urgencia de la pandemia, a partir de la situación en que nos deje este gobierno improvisado y provisional, es el primer desafío. De forma paralela y con igual urgencia necesitamos reactivar la economía, ofreciendo garantías de estabilidad a los inversores, y perspectivas promisorias a los trabajadores.

Este difícil equilibrio entre unos y otros es una de las claves que distinguen nuestra forma de comprender el ejercicio del poder, cuyo eje es la justicia social.

En la disputa generada en el sector agroexportador, es quizás donde mejor puedo explicar nuestro punto de vista. Hemos experimentado un proceso de inserción en los mercados externos, que nos ha permitido alcanzar resultados exitosos, con productos como la palta, los espárragos, los arándanos, y parecía posible seguir creciendo de forma sostenida. Sin embargo, muchos trabajadores eran contratados por “services”. Un sector se sentía maltratado y mal retribuido, a pesar de que el sistema contribuyera al crecimiento del PBI y la reducción de la pobreza.

Queremos una mejor retribución y un mejor trato para nuestros trabajadores, lo que puede lograrse sin generar que nuestras empresas pierdan competitividad en un mundo globalizado.

Con la promesa de subir el IRPF al 20% en 2023, y al 25% en 2025, desalentamos cualquier inversión en el sector agroexportador, un sector que apuesta a medio y largo plazo.

Si queremos una mayor recaudación, es preferible invertir en la formalización de las empresas informales, que elevar la presión fiscal de las que ya tributan, cuando al mismo tiempo las obligamos a que asuman mayores costos laborales.

Tía María, Conga y otros proyectos mineros tienen que ejecutarse o cancelarse, y para ello es necesario poner en marcha cuanto antes una forma institucionalizada, participativa y democrática de Consulta Previa.

No podemos sentarnos en la mesa de negociación con ningún Frente de Defensa u organismo similar, creado de forma oportunista y sin sustento democrático.

Tenemos que reforzar la institucionalidad en todos los niveles. Y eso pasa por reconocer a las autoridades elegidas democráticamente como interlocutores legítimos de cualquier negociación. Uno de nuestros mayores desafíos es disminuir la informalidad, reflejada en la precariedad de nuestra economía, y en la precariedad de nuestras instituciones.

Por eso necesitamos un gobierno firme, no basado en la imposición de la mayoría sobre las minorías, sino en el respeto a las minorías.

El respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas es una premisa que guiará nuestro actuar y la toma de decisiones, no podemos permitir que las brechas sociales continúen ampliándose, marginando a nuestros compatriotas que se encuentran olvidados por el Estado.

Electoralmente puede resultar rentable agitar los extremos, discurrir propuestas populistas como si se tratase de una subasta pública, de las de remate con martillo. Pero una buena actuación gubernamental los primeros meses del próximo gobierno debe ser el punto de partida para convocar un proceso constituyente que siente las bases de un desarrollo sostenible y equitativo.

Cuando cumplimos 200 años como república independiente, nos ha tocado un desafío tan grande como la mayor de las guerras que hemos padecido, si lo vemos contando el número de muertos.

Ahora que con tanta frecuencia se distorsionan y manipulan los mensajes, proponer mesura, equilibro, sensatez es posible que no resulte muy rentable. Pero es lo que tenemos que aportar quienes creemos en la democracia y en la sabiduría del pueblo peruano.

*Candidato presidencial por Somos Perú