La insostenible situación del gobierno en manos de un grupo golpista, aventurero e insensible transgresor de los derechos y libertades no puede continuar. Aun si no tuviese un origen inconstitucional, la presencia de un grupo que pretende dirigir un país, armado de ignorante prepotencia, es irreconciliable con el Estado de derecho. Su ilegal origen agrava su desempeño improvisado y torpe.
Su retiro del poder es un imperativo democrático. El Congreso de la República, autor de la infeliz decisión el pasado 9 de noviembre, tiene la obligación de rectificarse y en el más breve plazo dar paso a una salida constitucional que garantice la recuperación de la paz nacional para volver a enrumbar al Perú a las elecciones del año 2021, atendiendo las impostergables necesidades de la pandemia y la crisis económica.
Los partidos que le entregaron al país una decisión espuria que ha derivado en un gobierno ilegítimo no pueden reducir su papel en esta hora a la realización de un control de daños minimalista. Es correcta la decisión de detener la alevosa selección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), retirar de la presidencia de la Comisión de Fiscalización a su cuestionado presidente, e incluso anunciar que no respaldarán el gabinete golpista y trasnochado. No obstante, deben comprometerse con una medida definitiva de reparación y que garantice la paz.
Esta reparación pasa por la censura de la Mesa Directiva del Congreso y la designación de otra que sea capaz de darle certidumbre a la transición democrática y pacífica. El nuevo presidente del Congreso debe asumir la presidencia de la República como señala la Constitución y la ley interpretativa del artículo 115º de la Constitución, expedida para el caso en diciembre del año 2000 (Ley Nº 237375), que señala que el mandato conferido al presidente del Congreso para que asuma la presidencia de la República no implica la vacancia de su cargo de presidente del Congreso ni de congresista. El legislador que suceda a Merino debe estar entre los que votaron en contra de la vacancia.
Un nuevo gobierno confiable será capaz de reunir al país en estas horas de pandemia y de crisis. Su composición deberá ser realmente amplia y comprometerse a garantizar que las elecciones sean libres, transparentes, participativas, con una elevada cuota de calidad.