Luego de haber escrito dos artículos sobre las serias amenazas que se ciernen sobre la Reserva Nacional de Paracas (RNP), y por lealtad a mis convicciones, no puedo dejar de escribir este tercer artículo para seguir contribuyendo desde mi columna en la defensa de nuestra “primera” reserva nacional.
Seguimos en el viacrucis en que SENACE todavía se encuentra en la disyuntiva de aprobar o no la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que presentó el consorcio TPP en marzo del 2020 y que tiene pendiente levantar 16 observaciones del mismo SENACE y 17 del SERNAMP (que es la autoridad responsable de normar y cuidar las áreas naturales protegidas). Según la SPDA, sin una opinión técnica previa favorable del SERNAMP, SENACE no puede aprobar la MEIA. No obstante, los alcances de la concesión incluyen la opción de construir un almacén de concentrados de minerales, que es lo que hoy genera más discusión, porque significaría añadirle un riesgo mucho mayor que el ya existente por su capacidad para destruir, quizás de manera irreversible, este valioso, pero frágil, ecosistema marino-costero.
Estamos ante una simple decisión política de priorizar o no el valor estratégico de la RNP que tanto contribuye a la economía, la cultura, la historia, la belleza paisajista y el esparcimiento de peruanas y peruanos. Esta decisión política puede resumirse en hechos concretos. Si bien el puerto original se construyó en el año 1969, antes de la creación de la reserva natural, está ubicado en la zona de amortiguamiento. En la práctica ese puerto ampliado y multiplicado en sus operaciones e impactos está ya operando en el centro mismo del ecosistema, por lo tanto, que el puerto esté fuera del área natural protegida es un tecnicismo legal que niega la realidad fáctica.
En un reciente informe, la SPDA sostiene que “de acuerdo a información recibida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desde el 2016 hasta febrero del 2020, se han presentado 107 reportes de emergencia ambiental, consistentes en derrames de concentrado de mineral originado por la volcadura de los vehículos. Uno de estos derrames se produjo en el 2017, en el terminal portuario multipropósito del Callao, ocasionando la contaminación del medio marino. Solo entre enero y febrero del 2020, se han reportado 9 derrames de concentrado de mineral en carreteras”. ¿Acaso estos hechos no son suficientes para terminar con la bufonada de que se pretenda aprobar la construcción de un almacén de concentrados de minerales en la RNP?
Se sabe que no hay puerto en el mundo que almacene minerales y no esté seriamente contaminado. Frente a esta realidad el concesionario extranjero TPP nos quiere mecer diciéndonos que no habrá contaminación y que es una alarma injustificada sobre los concentrados de cobre y zinc (obviamente no mencionan la posible presencia de otros minerales más tóxicos, como el arsénico y el plomo), ya que según un “modelamiento” que mandaron a elaborar cumplirían con los estándares de calidad ambiental, 10 veces menores de los limites aceptados por la Organización Mundial de la Salud. Al respecto, recomiendo leer el artículo de Caretas de la semana pasada sobre el puerto de Antofagasta, y sus altos niveles de contaminación y la correlación de enfermedades mortales entre sus pobladores. Según los científicos consultados, “Paracas podría terminar igual o más contaminada que la ciudad portuaria de Antofagasta, la que registra cifras récord de cáncer en Chile”. Es el momento de hacer un llamado de consciencia a todos los peruanos y peruanas con el lema solemne: “¡Viva la vida, muera la muerte!”.
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