El derrotero de la reforma laboral

Por: Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía

Uno de los principales legados de la crisis del Covid-19 será una mayor informalidad laboral que afectará a ocho de cada diez trabajadores peruanos. Abordar esta problemática demandará dejar posiciones dogmáticas y enfrentar reformas como la laboral aun cuando cualquier cambio se perciba como una afectación de los derechos laborales. El Congreso, por su lado, propone iniciativas legislativas que muestran un total desconocimiento sobre cómo funciona el mercado laboral al buscar prohibir los despidos durante el estado de emergencia. Esta iniciativa pretende evitar el desempleo por decreto, haciendo caso omiso de la incapacidad de muchas empresas de resistir la severidad de la recesión y sin tomar en cuenta la dinámica de las relaciones laborales contemporáneas.

Es evidente que la legislación vigente no ha logrado cubrir a la gran mayoría de trabajadores ni la pretendida estabilidad laboral perseguida por muchos años, como lo demuestra el hecho que nuestro país tiene una de las tasas más altas de rotación laboral de la región (35% de los trabajadores lleva menos de un año en su empresa, comparado con el promedio regional de 24%). Con excepción del agro, la normatividad laboral tampoco permite adecuarse a la naturaleza estacional del empleo en ciertos sectores, como el turismo, y la elevada proporción de empresas unipersonales y de trabajadores independientes que participan en las plataformas digitales de intermediación.

Es probable que las propuestas programáticas en la próxima carrera electoral persistan en defender normas que solo aplican a una fracción reducida de la PEA (alrededor de 20%) por presión de un sindicalismo que adolece de representatividad (8% de la PEA pertenece a un sindicato). Sin embargo, la precariedad laboral será de tal magnitud que tornará imprescindible que el próximo Congreso y Ejecutivo adopten medidas que logren una mayor formalización de la fuerza laboral sin caer en el diseño de regímenes especiales que inhiban el crecimiento de las unidades productivas, como ha sucedido en el pasado.

Desde el punto de vista de la empresa, los costos no salariales son los que están más asociados con la informalidad. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el Perú muestra los costos no salariales más elevados de América Latina, 70% comparado con el promedio regional de 48% (siendo la indemnización por despido como porcentaje del salario el más alto de la región). Esta rigidez claramente desincentiva la contratación formal de trabajadores en el régimen general. Por su parte, la productividad laboral en el Perú es baja (un 60% por debajo del nivel que se registra en Chile) y no permite que una empresa pueda cubrir el salario de sus trabajadores, los costos no salariales y dejarle un margen razonable de beneficios. Desde la perspectiva de los trabajadores, los beneficios de la formalidad son muy onerosos para los salarios que perciben.

Es probable que los elementos de una agenda de reformas hoy sean muy similares a los que se postulaban hace dos décadas, no habiendo alcanzado mayor éxito. La discusión en nuestro país pareciera haberse quedado desfasada de lo que sucede en el resto del mundo, donde queda claro que la relación tradicional empleador-trabajador asalariado ha cambiado y un importante proceso de desintermediación está en curso. Los actores que tienen la competencia para interpretar y cambiar esta situación –Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional– se han mantenido en parcelas segmentadas y haciendo eco de antiguas reivindicaciones sociales, con móviles que guardan poca conexión con el futuro del trabajo. No obstante, dependerá de estas mismas entidades lograr nuevos arreglos que se ajusten a las exigencias de estos tiempos, yendo más allá de la tensión tradicional que existe entre estabilidad y flexibilidad. El bienestar de millones de ciudadanos estará en sus manos.