Evaluación. Así informó el Estado peruano al Comité contra la Tortura de la ONU en documento oficial enviado hace dos semanas.,Según el documento que el Estado peruano entregó al Comité contra la Tortura de la ONU el 13 de junio último, en los últimos cinco años las fiscalías penales supraprovinciales de Lima y otras de Ayacucho, Huánuco y Junín tramitaron 161 denuncias sobre tortura, de los cuales 76, es decir, el 47% fueron archivadas de forma definitiva. El documento detalla además que 40 de los casos, que equivalen al 25%, siguen en investigación preliminar. PUEDES VER Zavala: "Mi encargo como ministro de Economía no tiene fecha de término" [VIDEO] Asimismo, el reporte da cuenta sobre cuatro procesos administrativos disciplinarios por denuncias de tortura registrados por Inspectoría del Ministerio del Interior y otros cinco por Inspectoría de la Policía Nacional del Perú. En algunos casos los denunciados fueron absueltos, en otros, se aplicaron sanciones leves y dos pasaron a retiro. La abogada Jessica Saca, de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), refirió que la tortura sigue siendo un problema persistente en el país, que ha comenzado a hacerse visible porque cada vez más víctimas se animan a denunciar. Refirió que esto se puede ver especialmente en los casos ocurridos a estudiantes de instituciones castrenses y soldados que hacen servicio militar voluntario. “Antes no denunciaban, pero ahora son más conscientes de que no los pueden maltratar”, expuso. Es lo que le ocurrió a Nixon Fernández Navarro, quien hacía servicio militar en el cuartel Fuerte Arica, en Locumba, Tacna. En marzo último fue llevado al Hospital Regional Hipólito Unanue por haberse desvanecido. El joven de 22 años denunció que fue agredido con un palo y piedra en la cabeza por un suboficial al interior del destacamento del Ejército como “castigo” por no haber estado presente en un ensayo con subalternos de su unidad. Luego, y pese a sentirse mal, Nixon fue enviado a hacer guardia, y cuando se desvaneció fue trasladado al centro hospitalario de la capital tacneña, donde le diagnosticaron un Traumatismo Encéfalo Craneano moderado. Saca explicó que otra modalidad común de tortura es la que se produce en las primeras horas de detención en instalaciones policiales. Mencionó el caso de Jorge Rujel Espinoza, un padre de familia detenido en abril último por una discusión familiar. Fue intervenido en la comisaría de San José, Tumbes, y amaneció muerto. Había huellas de tortura en su cuerpo. Detalló que en este, como en otros casos que lleva, hay demoras en la investigación fiscal. En cifras 83 denuncias de tortura se ven en fiscalías penales supraprovinciales de Lima y 78 en otras cuatro regiones. 25% de casos tramitados en los últimos cinco años permanecen en investigación preliminar. 113 patrocinios legales en materia de tortura asumidos por el Estado entre 2014 y 2016. 12 de ellas están en la categoría de defensa a las víctimas. También hay algunos avances En su reciente informe sobre la situación de la tortura en el Perú, la Defensoría del Pueblo señaló que el Estado ha cumplido de forma parcial con varias recomendaciones formuladas por el Comité de la ONU. Pero indicó que “es indispensable la adopción de un conjunto de medidas para concretar las obligaciones internacionales”. Por ejemplo, si bien le dio a la Defensoría la responsabilidad del Mecanismo contra la Tortura, no ha proporcionado los recursos que necesita.
