Entrevista a Amado Enco. Procurador anticorrupción. Se refirió al reciente enfrentamiento con el Gobierno por pedir que se incluya al ministro Vizcarra en la investigación por el caso Chinchero.,Amado Enco revela que el delito de colusión, sobre concertación entre funcionarios públicos y empresas para ganar obras del Estado, es el segundo más recurrente después del peculado. Habla, además, sobre el reciente enfrentamiento con el Gobierno por pedir que se incluya al ministro Vizcarra en la investigación por el caso Chinchero. La atención se centra en Odebrecht como si fuera el único caso de corrupción. ¿Hay algo similar con empresas peruanas? De las estadísticas que maneja la Procuraduría, el delito de colusión es el segundo más recurrente. Y esto se vincula a los actos de concertación defraudatoria al Estado que normalmente se producen en las grandes licitaciones, en los contratos, en los suministros. El caso Antalsis (vinculado a Martín Belaunde Lossio) es un ejemplo de la participación de empresas cuyos representantes se coludieron con funcionarios para obtener la buena pro de obras en cuatro regiones a través de prebendas, perjudicando al Estado. PUEDES VER: Proponen vacancia de alcaldes que entreguen títulos en zonas de riesgo Y no es el único, seguro. Entre otros, tenemos el caso del ex gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos, referido a un importante número de licitaciones a empresas cuyos representantes se coludieron con funcionarios públicos. Y en Arequipa está el caso del Puente La Joya. Casi todos los procesos vinculados a colusión están referidos a licitaciones a empresas privadas. ¿Hay casos en que, al estilo de las constructoras brasileñas, las empresas nacionales usen adendas y arbitrajes para incrementar el valor de las obras? El modus operandi de la criminalidad organizada en el ámbito de corrupción abarca diferentes aspectos. El patrón de comportamiento detectado es que donde hay un acto colusorio para acceder a una licitación a cambio de una comisión ilícita, el postor presenta una propuesta económica muy por debajo del valor referencial, sabiendo que luego “recuperarán” sus ganancias. Allí juegan lo arbitrajes y las adendas que no favorecen al Estado, que termina pagando el doble o el triple por la obra adjudicada. Cuando vemos un caso de colusión, analizamos todas esas aristas. Un “Lava Jato” criollo. Claro, el caso “Lava Jato” representa, en dimensión gigantesca, lo que puede estar ocurriendo en varias otras licitaciones o contratos que se manejan en todo el país. ¿Qué casos está viendo la Procuraduría Anticorrupción? La Procuraduría tiene bajo su responsabilidad defender los intereses del Estado en todos los delitos de corrupción de funcionarios. Tenemos una carga procesal de aproximadamente 33 mil casos a nivel nacional. La sede principal está en Lima y en provincias tenemos 36 oficinas con procuradores descentralizados y equipos de abogados que cumplen una dura labor en cada proceso o investigación fiscal. Pero no son suficientes, pues cada abogado lleva alrededor de 300 casos en promedio. Por ello estamos esperando una ampliación presupuestal para ejecutar un plan de reestructuración y fortalecimiento institucional. Usted pidió incluir al ministro Vizcarra y otros funcionarios en las investigaciones por la adenda del aeropuerto de Chinchero, y el jefe de gabinete, Fernando Zavala, lo criticó. ¿Se sintió sin respaldo? No. Cuando se toma la decisión de plantear un caso como ese, sabemos que habrá reacciones de quienes se vean comprometidos en la solicitud de investigación preliminar que pedimos al Ministerio Público, pero igual tenemos que mantenernos firmes en nuestro rol. En la Procuraduría no actuamos para obtener reacciones a favor o en contra; estamos enfocados en el caso y en la mejor defensa para proteger los intereses del Estado. ¿Acogieron su pedido? Muchos tildaron de ligereza y falta de contenido nuestro pedido, pero la Fiscalía ha considerado que hay elementos de convicción importantes y ha dispuesto la ampliación de la investigación preliminar para comprender a los funcionarios públicos y los particulares. Y lo que corresponde al ministro de Transportes fue derivado a la Fiscalía de la Nación. Yo me reafirmo en que la Procuraduría viene actuando con absoluta independencia y autonomía. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, anunció requisitos mínimos para las denuncias de la Procuraduría. ¿Se los alcanzaron? No. Me parece bien que se hagan propuestas normativas para ejercer de manera eficiente y responsable las funciones de los procuradores, siempre y cuando estas no signifiquen recortar su autonomía e independencia.
